
Dieter Nohlen, uno de los principales referentes en el estudio de los sistemas electorales, sostiene una premisa fundamental: no existe un sistema electoral perfecto ni una fórmula universal que pueda aplicarse a todas las democracias; cada uno responde a su historia, a sus partidos y a sus equilibrios políticos.
Los sistemas electorales pueden ubicarse en una línea continua. En un extremo está la mayoría relativa pura, donde gana quien obtiene más votos en cada distrito y el resto se queda sin escaño. En el otro está la representación proporcional pura, donde los escaños se reparten en la misma proporción que los votos. Cada extremo implica ventajas y desventajas. La mayoría relativa favorece mayorías claras y gobiernos con capacidad de decisión, aunque deja fuera a las minorías. La proporcionalidad refleja mejor la pluralidad, pero puede volver compleja la toma de decisiones. La tensión es evidente: a mayor facilidad para construir mayorías, menor representación de las minorías; a mayor proporcionalidad, puede aumentar la fragmentación política y dificultar la gobernabilidad.
La historia ofrece ejemplos para ambos lados. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, democracias longevas, eligen sus congresos con mayoría relativa y nadie duda de su carácter democrático. Del otro lado, la República de Weimar adoptó una proporcionalidad casi pura, sin umbrales relevantes, y su Reichstag se llenó de partidos pequeños incapaces de sostener gobiernos estables, un factor que contribuyó a la caída de la democracia alemana. Brasil e Italia en los años ochenta y noventa, vivieron una atomización parecida, con congresos divididos en decenas de fuerzas y ejecutivos obligados a negociar cada decisión.
México eligió una vía intermedia. Nuestro sistema parte de la mayoría relativa y se ajusta con representación proporcional. De las 500 diputaciones, 300 se eligen por distrito uninominal y 200 por listas plurinominales. Como ocurre con todo sistema mixto, el ajuste no elimina las distorsiones solo las modera. Por eso es normal encontrar sobrerrepresentación en un partido y subrepresentación en otro.
Para contener ese efecto existen topes previstos en las normas. El artículo 54 de la Constitución, en sus fracciones IV y V, establece que ningún partido político puede tener más de 300 diputaciones por ambos principios, ni un porcentaje de la Cámara que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Los artículos 15 y 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales desarrollan la regla y su procedimiento. Este límite se aplica desde la reforma de 1996 y desde entonces el cálculo se ha hecho por partido político.
Esa precisión es muy importante. La Constitución habla explícitamente de partidos políticos, no de coaliciones. Una coalición es un acuerdo temporal que existe para un proceso electoral y termina con él, no tiene personalidad jurídica propia, no registra listas de representación proporcional, no integra grupos parlamentarios y no recibe votos como entidad distinta, porque la ley ordena computar la votación partido por partido. Medir el tope por coalición implicaría atribuir a una figura transitoria una calidad que el texto constitucional reserva a los partidos. No solo sería ilegal, también violaría el principio de certeza.
Tres décadas de aplicación continua no pueden cambiarse por filias o fobias. Podemos cuestionar si el diseño actual produce el equilibrio deseable entre representación y gobernabilidad; si el margen de ocho puntos sigue siendo adecuado o si conviene modificar la proporción entre diputaciones de mayoría y representación proporcional. Lo que no es plausible es confundir el debate sobre la conveniencia del modelo con el cumplimiento de las reglas que lo hacen posible.
La conversación sobre qué sistema necesitamos en México es legítima y saludable. Si el país quiere más proporcionalidad o más capacidad de gobierno, existe un camino claro, la reforma constitucional con debate público. Mientras tanto, el cálculo por partido es lo que el texto constitucional manda y lo que la práctica ha confirmado, respetarlo da certeza a quienes compiten y a quienes votan.
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