Opinión

Anuario de la corrupción

Hace poco más de un año que usted fue nombrado titular de la Secretaría de la Función Pública y, por lo que se ve en el Informe de Labores de la dependencia a su cargo, chamba no le falta.

Al echarle un ojo al Informe, veo que a SFP anda muy cumplida en su programa de auditorías, pues llegó al 99.8 por ciento. En el Programa de Fiscalización no le fue también, pues alcanzó una cifra menor de cumplimiento (76 por ciento). Ahora, hay que ver a dónde llegan en un futuro próximo tales tareas.

Como veo que la SFP tiene mucho trabajo, me permito sugerirle que sus colaboradores lean el “Anuario de la Corrupción 2021. Los casos de corrupción y la respuesta de siempre”, preparado por la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Revisar el Anuario les ahorra mucho tiempo, porque trae lo más destacado.

Para abrir boca, MCCI da cuenta que la ASF “identificó 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales (correspondientes a 2018) que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos. Hasta febrero de 2021 —cuando se publicó esta noticia—, 98 por ciento continuaban sin ser justificados o regresados a la Tesorería.” O sea: han pasado dos años y estarían en las mismas.

Por cierto, 43 por ciento de los recursos sin comprobar correctamente corresponden a siete estados donde gobierna MORENA. En buen plan, don Roberto, jáleles las orejas en serio; no vayan a creer que por pertenecer al partido del presidente, tienen patente de corzo. Y mire lo que son las cosas, a los gobiernos priistas solo corresponden 17 por ciento de las observaciones.

El Anuario trae a la memoria muchos casos de malos manejos detectados, ya sea por la Auditoría Superior o MCCI, y que siguen vivos. Entre ellos está que 70 por ciento de los contratos para la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” fueron entregados por asignación directa; los ocho mil millones de pesos desviados en SEGALMEX; los moches de la Comisión Reguladora de Energía para acelerar trámites; los minimoches de Delfina Gómez; la renovación del estadio del equipo de beisbol Guacamayas, propiedad de Pío López Obrador; y los contratos otorgados a la facturera Servicios Logísticos HMC, cuyo dueño goza de simpatías morenistas.

Permítame llamar su atención sobre dos que me parecen relevantes.

Todavía no han sido señalados los responsables de la inundación de la ciudad de Tula, Hidalgo, ocurrida la noche del 6 de septiembre de 2021, ocasionando la muerte de 17 pacientes hospitalizados en el IMSS. Los informes técnicos indican que se trató de un manejo negligente y torpe de la descarga y escurrimiento de aguas provenientes de ríos y presas aledañas.

Por cierto, Tula está en el Atlas de Riesgos y, desde 2017, la SEMARNAT ordenó la ampliación de carga del río Tula, pero no se llevó a cabo. Así son las cosas en este país.

Respecto de la tragedia de la Línea 12 del Metro, ya sabemos que hubo fallas de diseño, construcción y mantenimiento. No obstante, llama la atención que el presupuesto del Metro sufrió reducciones desde 2019, alcanzando 22 por ciento en 2021. Es inexplicable tal medida, sobre todo en un servicio público que transporta 837 millones de personas al año, con todo el riesgo que esto implica.

Tampoco resulta claro por qué la Ing. Florencia Serranía, directora del Metro hasta junio de 2021, quien tuvo a bien deslindarse del incendio ocurrido en el puesto central de control, lo mismo que del desplome de la L12. Como usted recordará, por decisión propia, doña Florencia también ostentaba el cargo de subdirectora de Mantenimiento. Así que algo tendrá que decir sobre la tragedia y sobre el informe rendido por la empresa noruega DNV.

Espero que mi recomendación le haya sido útil.

Nada más acuérdese: los morenistas no son iguales.

Foto: Especial

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