En la entrega pasada revisamos el papel que ha jugado el Fondo de Cultura Económica (FCE) como el instrumento más estable y dinámico de la diplomacia cultural mexicana, es decir, el que le permite a México generar influencia y atracción reales en el resto del mundo. Hoy me detengo en otros de sus mayores atributos: las casi nueve décadas de aportaciones de sus editores, autores y libros al debate nacional.

Con el título “México 50 años de Revolución” entre 1960 y 1962 el FCE –dirigido por Arnaldo Orfila Reynal– publicó en cuatro volúmenes (y un quinto volumen de resumen aparecido en 1963) una revisión exhaustiva de la realidad nacional al cumplirse cinco décadas de la Revolución Mexicana, para lo cual convocó a una nómina impresionante de expertos profesionistas e intelectuales del medio siglo mexicano.

La economía, la vida social, la política y la cultura son los ejes temáticos de estos cuatro volúmenes. Un mínimo repaso por la nómina de autores da cuenta del alcance del proyecto:

En los apartados económico y social Raúl Ortiz Mena escribe sobre “Moneda y crédito”; Hugo B. Margáin sobre “El sistema tributario”; Adolfo Orive sobre “Las obras de irrigación”, Carlos Prieto sobre “La industria siderúrgica”; Arturo González Cosío sobre “Las clases y estratos sociales”; María Elvira Bermúdez sobre “La familia”; y Andrés Caso sobre “Las comunicaciones”.

En el volumen de política Mario de la Cueva escribe sobre “La constitución política”, Raúl Carrancá sobre “La administración de la justicia”; Ignacio Burgoa “sobre el Federalismo”, Jorge Castañeda sobre “México y el Exterior”; Jesús Reyes Heroles sobre “La Iglesia y el Estado”; y Pablo González Casanova sobre “La opinión Pública”.

El volumen sobre cultura y educación lo abre Jaime Torres Bodet con un artículo sobre las “Perspectivas de la educación”, e incluye un texto de Edmundo O ‘Gorman sobre “La historiografía”; de José Luis Martínez sobre “La literatura”; y de Emilio Uranga sobre “El pensamiento filosófico”.

El joven Porfirio Muñoz Ledo y la educación superior

Curiosamente, de los setenta colaboradores de esta obra monumental sólo uno sobrevive en la actualidad: Porfirio Muñoz Ledo. Con apenas 29 años de edad, y tras haber regresado de estudiar un posgrado en Francia, Muñoz Ledo tuvo su primer cargo público como Subdirector de Enseñanza Superior en la SEP y fu a él, por lo tanto, a quien se le encargó el artículo dentro del Tomo IV de la obra (publicado en 1962) con un balance de la educación superior en México.

“No siempre han marchado de acuerdo la Universidad y el gobierno –escribió el joven Muñoz Ledo y sus palabras adquieren hoy una actualidad perturbadora– lo que se explica porque aquella, si bien contemporánea, no fue producto de la Revolución, sino que nació al calor del antiguo régimen”.

Hace un breve recuento de las aportaciones de Antonio Caso y José Vasconcelos al proyecto de la Universidad Nacional y se detiene en la conquista de su autonomía en 1929, tras la cual, afirma: “La Universidad es una Institución del Estado, libre en su régimen interior, pero bajo la vigilancia de la opinión pública y del gobierno”.

“La autonomía no ayudó a ajustar a ajustar la Universidad a la evolución del país, sin incurrir en demagogia y preservando la independencia académica. Los vicios políticos del gobierno de la época fueron capitalizados por la derecha, en tanto las izquierdas se tornaban intransigentes. Y cuando Vicente Lombardo Toledano, en 1933, propuso el materialismo histórico como doctrina oficial de la Universidad, la lucha se desató destruyendo el status universitario”.

La Educación Superior en México a la mitad del siglo XX era un universo en expansión cuyos alcances eran del todo insospechados. En el artículo se menciona que la gran mayoría de sus casi 100 mil alumnos se concentraban en las universidad públicas, y solo el 10 por ciento (poco más de 9 mil alumnos) en las privadas. De los 100 mil alumnos universitarios, 67 mil se concentraban en la UNAM y en la Ciudad de México, y el otro 23 por ciento en universidades de apenas cuatro entidades federativas.

Muñoz Ledo presenta varios cuadros estadísticos donde se refleja el esfuerzo del Estado mexicano para financiar la educación superior fuera de la ciudad de México: de 3 millones de pesos en 1952 a 44 millones en 1961. Así como los esfuerzos por ampliar la educación politécnica que pasó de 3 mil alumnos del IPN en 1942, a casi 10 mil en 1961.

Vaticina entonces un fenómeno que alcanzaría su momento más drástico en la década de los setentas y ochentas: “La UNAM trabaja al límite de su capacidad numérica y un aumento de alumnos provocará, sin duda, un descenso de sus niveles académicos. El IPN, en cambio, se encuentra preparado para jugar un papel más importante que el hasta ahora jugado; es en dirección a él a donde debe extenderse la enseñanza superior”.

“La rápida revisión del panorama de la educación superior nos lleva a proponer su planeación a escala nacional, con base en la Ley de Educación Superior hace mucho prevista pero aún no elaborada”.

Pasarían otros 18 años para que en 1978 se aprobara la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, dotada apenas de 20 artículos muy generales, y sería hasta 2020 cuando finalmente se aprobó la Ley General de Educación Superior, que Porfirio Muñoz Ledo proponía hace seis décadas.