El pasado 9 de junio la coalición legislativa “Va por México” suscribió una moratoria constitucional para no aprobar ninguna de las iniciativas planteadas por Morena o sus aliados alegando que era una demanda ciudadana no votar favorablemente lo que era inconveniente para México y su vida institucional.

La reacción fue inmediata desde el púlpito presidencial en donde se le acusó de ser un estorbo del proyecto gubernamental, que consiste en reducir la autonomía del INE y supeditar las elecciones a un esquema controlable por el Ejecutivo Federal. Además, los conminó a “ponerse a trabajar” postura que secundaron los líderes morenistas en la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo y Aleida Alavez Ruiz, acusando a la oposición de incurrir en responsabilidad administrativa por oponerse a sus proyectos.

El desdibujo de la línea entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, derivado de que el gobierno tiene una mayoría de diputados afecta a su proyecto político y provocado por al estilo personal del presidente López Obrador, ocasiona que se proyecte una imagen de subordinación de los diputados y, entonces, el trabajo legislativo se reduce a ser un legitimador de las iniciativas de reforma sin que sea correcto cambiarla, ni siquiera una coma.

En esta visión de la Nación, la oposición sobra y debiera ser eliminada por traidora porque se opone (disculpen la tautología). El debate legislativo debiera reducirse al grito borreguil “Es un honor estar con obrador” y transitar plácidamente a un autoritarismo donde el caudillo nos indica con un dedito cómo lo debemos obedecer. En este contexto, el derecho a disentir es un pecado político sancionable con el ostracismo.

Hay una gran confusión, incluso entre expertos de derecho constitucional, sobre la naturaleza del trabajo legislativo y la forma de medirlo. El Congreso de la Unión NO es una fábrica de leyes es una representación nacional cuya función primordial es servir de contrapeso al Poder Ejecutivo y debatir, en condiciones de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia las iniciativas legislativas que se le presentan a su consideración y, en su caso, repito, sólo en caso de que sean convenientes, aprobarlas con la previa incorporación de las aportaciones de las visiones plurales que se expresan en las cámaras.

La oposición trabaja cuando se opone. Esa es su razón de existir como expresión política de la sociedad suficiente para evitar las reformas constitucionales no consensuadas. La oposición debe hacerlo con argumentos y, en ocasiones, con una justificación ideológica y esto es un “estorbo” en todas las sociedades democráticas en donde los líderes con un perfil autoritario como Trump, Bolsonaro, Maduro, Evo Morales, entre otros hacen caprichos públicos y quienes pueden como Iturbide y López de Santa Anna disuelve a los congresos que les estorban.

La realidad política es que el gobierno no tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que perdió en las urnas en 2021, y en la Cámara de Senadores no la obtuvo en 2018. Esta circunstancia obliga al gobierno, por mandato popular, a incorporar la visión de la sociedad representada por la oposición en las reformas constitucionales que pretenda llevar a cabo. Las amenazas y los desplantes sólo conducen a un mayor alejamiento entre las fuerzas partidistas y disminuye la probabilidad de que las iniciativas sean aprobadas.

Los diputados oficialistas no hicieron su trabajo. No lograron consensos en el tema de la contrarreforma eléctrica y no lo están haciendo con la electoral. Esta falta de oficio político es la verdadera causa de la declaración de moratoria constitucional. El contraste está a la vista. En el Senado, Monreal y otros líderes partidistas, inmediatamente declararon que en ese órgano representativo si hay diálogo y espacios abiertos a la negociación.

Morena, claramente se está dividiendo en dos, quienes faltan a la verdad, violan las leyes electorales y promueven una unidad política en que no se respetan los intereses de los grupos y a las personalidades distintas a la del presidente-caudillo y quienes mantienen la apertura, las prácticas democráticas y respetan los plazos establecidos en las leyes electorales.

El acto anticipado de campaña en Toluca con las corcholatas presidenciales y la condena a la oposición por negarse a la aprobación sin discusión o con un debate simulado de las iniciativas de reforma constitucional presidenciales es “pan con lo mismo”. Son reflejo de la añoranza de un régimen autoritario que se fue y quiere consolidarse en el 2024.

Un Congreso representa debatiendo y logrando consensos. Un Congreso divide cuando sus dirigentes mayoritarios se concentran en la descalificación de la oposición y en la ofensa sistemática de quienes no comparten su proyecto político.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios

Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales

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