Desde principios de los años ochenta se produce a nivel mundial un importante proceso de reestructuración de los servicios públicos y, entre ellos, el suministro de electricidad, que ha incidido no sólo en el marco jurídico de la regulación sino también en la estructura del sector y sobre las mismas instituciones de la regulación.

De esta forma, se busca introducir cambios en el sector que permitan incentivar la reducción de costos mediante la eliminación de las distorsiones que conllevan la regulación y la falta de competencia en el mercado.

En este contexto se enmarca la liberalización de la industria eléctrica en varios países. El objetivo que se debiera persiguir en mi punto de vista, es conseguir una mejora de eficiencia mediante la introducción de mecanismos de mercado en aquellas actividades que pueden realizarse en condiciones competitivas, manteniendo la calidad del suministro y considerando en todo momento la protección del medio ambiente.

La legislación debe buscar adaptarse a los contenidos de las directivas mundiales con la finalidad de promover la creación de un mercado común de electricidad.

Asimismo, importantisimo desarrollar convenios internacionales relativos a la constitución de un Mercado a favor de los que menos tienen, cuya principal aportación debe ser la creación de un mercado a plazo donde se obligue a contratar un porcentaje de la demanda de los distribuidores privados y el gobierno actual de AMLO.

Dicha normativa debe permitir un nivel de seguridad y calidad del suministro no elevados, ya que pudiera haber consecuencias de las inversiones realizadas en redes así como por el desarrollo de una mezcla de fuentes de energía diversificada.

Además, estas regulaciones deben significar que la elección de suministrador por parte de los consumidores sea rápido y que lo establecido en las directrices contengan un notable cumplimiento de los compromisos de protección medioambiental (relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero, el desarrollo de energías renovables y la consecución de eficiencia energética).

No obstante, debemos no permitir desarrollar una situación de desequilibrios anuales entre ingresos y costos del sistema que como consecuencia nos llevaría a un déficit estructural.

La Reforma Eléctrica de AMLO necesita medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario en el sector eléctrico mexicano con la finalidad de que no aparezca de nuevo déficit en el sistema a partir de 2023.

Para ello, estas regulaciones deben conllevar, respectivamente, entre otras medidas, una limitación de las horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas y la obligación de los productores de energía de hacer frente a un peaje de generación así como una elevación de los límites máximos de déficit que deberán quedar previstos para los años 2023, 2024 y 2025.

Posteriormente, con la finalidad de evitar la incorporación de nuevos costos al sistema eléctrico. , Hay que contemplar la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, estableciendo nuevos criterios para la regulación de la retribución de las actividades de distribución y transporte.

A pesar de este amplio marco regulatorio, las medidas establecidas deberán ser suficientes para reducir el déficit tarifario.