El telón de fondo es severo. En junio de 2025, la FinCEN del Tesoro estadounidense designó a CIBanco como “primary money laundering concern” bajo la FEND Off Fentanyl Act —su medida más grave— por presunto lavado vinculado al tráfico de opioides sintéticos (Federal Register 2025-11993): transferencias a proveedores de precursores de fentanilo y cuentas atribuidas al entorno de organizaciones criminales. Meses después, la CNBV le revocó la licencia. Sobre ese telón se proyecta una red de sociedades y transferencias entre personas de un mismo círculo familiar.
Un punto de partida es el Grupo San Angelín, cadena hospitalaria en la que Inversiones RAL tiene una participación cercana a la tercera parte del capital (folio 206997), vinculada al entorno de Jorge Rangel de Alba Brunel, expresidente de CIBanco.
En agosto de 2025, una participación mayoritaria de Inversiones RAL —cercana al 95 por ciento— fue transferida a Teresita Plascencia Reyes, cónyuge de Rangel de Alba. Las transferencias entre cónyuges que coinciden con reclamaciones patrimoniales son el tipo de operación que la legislación civil permite revisar mediante la acción pauliana, prevista para evitar que un deudor se vuelva insolvente trasladando bienes a personas cercanas.
La estructura suma vértices. Alfonso Reyes Villarreal, esposo de una hija de Rangel de Alba, aparece con exposición simultánea en varias sociedades del grupo. En la operación hospitalaria figura también el entorno de Mario González Ulloa, ligado a su administración.
Un dato conecta la cadena hospitalaria con el corazón del grupo financiero: Norman Hagemeister Rey, yerno del expresidente de CIBanco y hoy presidente de Finsus, figura como suplente del presidente del Consejo en sociedades operadoras de San Angelín-Dalinde. El mismo nombre en banca, fintech y salud: tres estructuras del grupo enlazadas por las mismas personas.
El entramado tiene otra pieza de gobierno corporativo. En el consejo de Tenedora CI, designado en la asamblea de 2023 hoy cuestionada en tribunales, figura Silvia Susana Ramírez Soto, quien además se ostenta desde julio de 2025 como consejera independiente de CI Fondos, supervisada por la CNBV. Una consejera nombrada en paquete con las hijas del expresidente difícilmente encaja en la “independencia” que el regulador exige. La hipótesis que cobra fuerza: una maniobra para enturbiar el gobierno corporativo con asientos cruzados entre entidades del grupo, de modo que la responsabilidad se diluya y nadie en lo individual deba asumirla.
Ninguno de estos hechos, por sí solo, es ilícito. Pero el conjunto plantea una pregunta que cualquier autoridad tendría motivo para formular: ¿por qué ciertos activos pasan a la cónyuge del expresidente del banco justo cuando existen reclamaciones de acreedores e inversionistas?
El Poder Judicial Federal ha mantenido vigentes medidas de protección sobre activos en disputa vinculados a esta red. Más de una decena de inversionistas minoritarios reclaman recursos que superan cifras de tres dígitos en millones de pesos.