El sistema humanitario está fallando a 239 millones de personas, según las conclusiones de un grupo internacional de expertos, que alerta de que los recortes en la ayuda humanitaria dejarán sin apoyo al 64 % de las personas que se espera que necesiten asistencia este año.
En un artículo publicado en la revista The Lancet, los firmantes piden una transformación urgente. “El sistema humanitario mundial se encuentra en un estado de fracaso fundamental, incapaz de proteger vidas a gran escala”, advierten.
Los expertos pertenecen a la comisión “Centro Johns Hopkins para la Salud Humanitaria-Lancet sobre salud, conflicto y desplazamiento forzado”, lanzada en 2024. Esta reúne a expertos mundiales para abordar el creciente impacto de los conflictos armados y la magnitud sin precedentes del desplazamiento forzado y su relación con la salud mundial.
A juicio de la comisión, tanto la salud como los derechos humanos “están siendo desmantelados a nivel mundial a la vista de todos y con una impunidad cada vez mayor”, impulsados por la fragmentación geopolítica y la erosión del Estado de derecho.
Los sistemas de salud y el ecosistema humanitario destinados a proteger la salud y la vida se están resquebrajando ante la magnitud, la duración y la complejidad política de las crisis actuales, denuncian. “El derecho internacional y los principios humanitarios se violan cada vez más con impunidad y los civiles están soportando el coste”.
Las muertes relacionadas con conflictos casi se duplicaron entre 2021 y 2024, y se estima que 239 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2026, escriben los autores en su artículo.
Los recortes presupuestarios han provocado, dicen, un “racionamiento intencionado”: la asistencia se ha reducido de esas 239 millones de personas necesitadas a 87 millones seleccionadas para recibir asistencia vital.
Además, las interrupciones en la vacunación, en la atención primaria, en los servicios maternos y neonatales, y en la continuidad de la atención de las enfermedades crónicas están convirtiendo una enfermedad manejable en una discapacidad y una muerte evitables.
Con los avances en medicina, salud pública y tecnología, estos resultados se pueden evitar en el siglo XXI, pero persisten porque la desigualdad, el debilitamiento del compromiso político y la falta de inversión sostenida han erosionado los sistemas necesarios para prevenir, absorber y recuperarse de las crisis, sostienen los expertos.
Además, “la ayuda humanitaria se instrumentaliza con fines políticos y militares, el acceso se manipula como moneda de cambio y los profesionales sanitarios son encarcelados o asesinados por prestar una atención imparcial”.
En este sentido, la comisión de expertos pide cuatro medidas urgentes: que sean las comunidades afectadas, y no los donantes ni la geopolítica, las que tomen las decisiones y gestionen los recursos, y que los ataques contra civiles, trabajadores sanitarios y hospitales tengan consecuencias.
Asimismo, que la financiación se ajuste a las necesidades humanitarias y no a la política exterior, y que se defienda el derecho a la salud en las zonas de conflicto.