Una operación internacional contra delitos ambientales permitió identificar alrededor de 60 mil hectáreas de bosque deforestadas ilegalmente, rescatar a más de mil animales y detener a 233 personas en nueve países de América Latina y el Caribe, incluido México.
La operación Madre Tierra VIII, coordinada por Interpol, involucró a autoridades de México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En total, fueron investigados más de 330 casos relacionados con deforestación, minería ilegal y tráfico de especies y madera.
Además de los detenidos, las autoridades identificaron a otras 312 personas presuntamente relacionadas con estos delitos y realizaron 313 incautaciones. Entre los decomisos se contabilizaron hasta 4.6 toneladas de cianuro y mercurio, además de municiones.
México y el tráfico de especies
En México, uno de los principales resultados fue el rescate de grandes felinos mantenidos en cautiverio, entre ellos dos tigres de Bengala —uno de ellos blanco—, así como leones, ocelotes y jaguares.
La recuperación de estos animales forma parte de un problema que trasciende las fronteras nacionales: las especies protegidas pueden ser capturadas o criadas ilegalmente en un país y posteriormente trasladadas hacia otros mercados.
En Nicaragua, por ejemplo, fueron recuperadas numerosas aves protegidas, entre ellas loros y guacamayos. En el conjunto de la operación, reptiles, insectos y aves representaron la mayor parte de los animales rescatados.
También fueron incautados 165 kilos de aletas de tiburón secas, con un valor estimado de 280 mil dólares.
Deforestación a escala industrial
Uno de los casos de mayor impacto se detectó en Colombia, donde las autoridades investigan a 11 empresas extranjeras presuntamente vinculadas con la deforestación de más de 52 mil hectáreas de bosque protegido en la Amazonía.
La investigación encontró posibles conexiones con otras 161 empresas y 65 personas que operaban en distintos continentes, además de posibles irregularidades en permisos, empresas fantasma y mecanismos de inversión extranjera. Los registros realizados en el país derivaron en 16 detenciones y en el aseguramiento de evidencia digital.
La operación también permitió investigar actividades de minería ilegal, como ocurrió en Costa Rica, donde fueron incautadas unas 4.6 toneladas de cianuro y 11 recipientes de mercurio presuntamente utilizados en estas actividades.
El uso de sustancias como el mercurio y el cianuro puede provocar contaminación de agua y suelo, además de afectar a organismos que forman parte de los ecosistemas donde se realizan las actividades extractivas.
Para Interpol, uno de los objetivos de Madre Tierra VIII fue seguir el rastro financiero de los delitos ambientales: no solamente identificar a quienes extraen minerales, talan bosques o trafican animales, sino también a las empresas y personas que financian y se benefician de estas actividades.
Los resultados muestran la dimensión transnacional de estos delitos: la explotación de un ecosistema puede estar vinculada con redes empresariales, rutas de tráfico y mercados ubicados a miles de kilómetros del lugar donde comenzó el daño ambiental.