Academia

Conacyt reconoce que tomó decisiones en el SNI sin considerar a representantes

Gloria Soberón, del IIB-UNAM, recibió un oficio de Conacyt como resultado del amparo que interpuso meses atrás

Política Científica

Se realizarán investigaciones de enfermedades tropicales y desarrollo de modelos precisos para detección de sargazo en las costas mexicanas, entre otros.

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UAM

Conacyt tiene diversos procesos legales en contra en curso, entre ellos se encuentran los concernientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), donde varios miembros han promovido juicios de amparo en contra del nuevo reglamento.

Gloria Soberón Chávez es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y ha sido una de las académicas que se han amparado contra los cambios en el SNI que la dejaron sin representatividad en el Consejo de Aprobación del sistema; Antonio Lazcano, otro de los académicos elegidos por sus pares para ocupar el puesto honorario, se amparó también.

Soberón emitió un comunicado dirigido a los miembros del SNI con motivo de un oficio de Conacyt dirigido a ella (CA300/0162/2021), emitido el 2 de marzo, tras el proceso legal que se llevó a cabo en referencia a su representación en el Consejo de Aprobación y como representante del SNI ante el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C.

“Como consecuencia de dicho juicio de amparo, Conacyt se vio obligado a emitir un oficio en el que por primera vez reconoce y acepta que en la Sesión del Consejo de Aprobación del SNI de febrero del año de 2020 no acudieron representantes de la comunidad del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”, escribe la académica universitaria.

“Lo anterior es gravísimo ya que demuestra la falta de representatividad de la comunidad SNI en la toma de decisiones del Conacyt. Es una confesión expresa de la violación al Reglamento del SNI, entonces vigente. Las decisiones y actos tomados en dicha sesión ya se encuentran consumados, pero es importante que la comunidad reclame y defienda los espacios de representatividad que normativamente nos corresponden”.

La dependencia federal a cargo de Elena Álvarez-Buylla, añadió, pretende afirmar que en dicha sesión supuestamente hubo suficiente quorum, no obstante, el problema reside en la obligación de convocar a todos los miembros del Consejo de Aprobación del SNI, incluidos los representantes de la comunidad, “a quienes Conacyt desconoció el carácter de un día para otro.

“Una cosa es clara: Conacyt tomó decisiones sin considerar la representatividad de la comunidad en los órganos máximos del SNI, y ello amerita el conocimiento de los miembros de la comunidad”.

MÁS AMPAROS.

El segundo amparo promovido por Soberón y otros miembros del SNI fue por cambios en el reglamento de éste, el cual, refieren, limita la libertad de investigación científica y académica dado que enfoca la investigación de sus miembros en áreas donde no todas las líneas de investigación tienen cabida, como la biotecnología.

Soberón refiere que consideran que “dichas reformas afectan la libertad de investigación científica y académica al privilegiar líneas de investigación establecidas por el ente Estatal, además amplían la discrecionalidad de Conacyt en las evaluaciones del SNI al eliminar requisitos objetivos, y por último vuelven inoperante y deficiente el recurso de reconsideración”.

Dicho juicio de amparo se encuentra aún en curso, expone, no obstante, lo relevante ante estos acontecimientos, enfatiza, es el reciente pronunciamiento de un Tribunal Colegiado en el que concedió la suspensión de diversas de las normas generales del Reglamento SNI reclamadas para el efecto de que éstas no se apliquen en perjuicio de los investigadores promoventes del amparo, ya que dichas normas en palabras del Tribunal “previsiblemente resultan inconstitucionales”.

La académica cierra el comunicado refiriendo que, si bien lo anterior aún no resuelve el fondo del amparo, es una clara muestra del control de la justicia federal frente a los recientes actos de Conacyt, “que en los últimos años ha hecho sobre el Sistema Nacional de Investigadores, y constituye, por los términos del pronunciamiento federal, una clara muestra del ánimo de la defensa de la libertad científica y académica en México”.