“La fractura”, un artículo de Antonio Lazcano
Los que nos opusimos a la propuesta de ley de Elena Álvarez-Buylla fuimos derrotados porque ella tuvo el apoyo de los legisladores de Morena y sus aliados por mera disciplina de partido · Hoy estamos atestiguando la mayor fractura que han sufrido las relaciones de la comunidad académica con los responsables de la política científica de la nación
Ley de ciencia
El escandaloso listado de atropellos e irregularidades que marcaron la aprobación de la nueva ley está dejando saldos políticos que se verán reflejados en las preferencias electorales de la comunidad científica, señala Antonio Lazcano.
Fracasamos. A pesar del pundonor de muchos legisladores de la oposición y de algunos (no muchos) de Morena, a pesar de los esfuerzos de muchos profesores, investigadores y estudiantes de las instituciones de educación superior y de Centros Públicos de Investigación, fracasamos en nuestro empeño por impedir que se aprobara la iniciativa de Ley general de ciencia y tecnología que presentó el Presidente de la República y que fue preparada, con múltiples omisiones y errores técnicos y legales, por el CONACYT. Los que nos opusimos a la propuesta de ley de la Dra. Álvarez-Buylla fuimos derrotados porque ella tuvo el apoyo de los legisladores de Morena y sus aliados, no porque comprendieran sus efectos, sino por mera disciplina de partido. Fracasamos porque los diputados de Morena mintieron y rompieron el compromiso de escuchar a la comunidad académica en siete parlamentos abiertos, y porque el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría simple el dictamen con los votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y lo envió al Senado de la República.
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Los diputados de Morena violaron los acuerdos hechos con la comunidad científica, pero en el Senado sus compañeros de partido violaron la ley con su impudicia política. Sabían que la Comisión de Ciencia y Tecnología había determinado que, por no haber alcanzado los votos suficientes para lograr su aprobación, la minuta de la Ley de Ciencia no podría pasar al pleno, pero luego de acudir a Palacio Nacional a recibir instrucciones violaron los procedimientos formales y terminaron falsificando el número de votos. Morena, nido de escorpiones. A la una de la mañana se informó que, sin sesionar la Comisión de Ciencia y Tecnología, se aprobó con firmas el dictamen de la ley de ciencia, que dos horas más tarde pasó por el pleno y fue aprobada por 48 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones [según se leyó tras la votación], que sumados no cumplen con el quórum que marca la ley.
Sin palabra, sin honor
Culminó así un largo periodo de simulación y demagogia que permitió legalizar el asalto al aparato científico mexicano. Las contradicciones que plagan al documento muestran que fue preparado por muchas manos, pero que no se tuvo cuidado para darle coherencia interna. Es cierto, como dice la Dra. Elena Álvarez-Buylla y sus seguidores, que la propuesta de ley establece que la ciencia es un bien común, pero los artículos que la conforman no permiten cumplir este propósito. En realidad, lo que busca la nueva ley es la implantación de un sistema centralista e ideologizado de una ciencia de Estado, imponiendo prioridades desde el gobierno, eliminando la evaluación por pares y restringiendo la libertad de investigación. Las irregularidades que marcaron su aprobación y las contradicciones del documento permitirán que fácilmente sea impugnado ante el Poder Judicial, y tanto los paros que se están convocando de manera espontánea, como la cascada de amparos que se están preparando, son una muestra del rechazo que ha provocado en la comunidad académica.
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Como lo muestran los casos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el INECOL y el CIDE, cuya dirección ocupa ahora un plagiario, los centros públicos de investigación (CPIs) han sido víctimas de imposiciones de parte del CONACYT desde que comenzó el sexenio. Con la nueva legislación la libertad académica y la autonomía presupuestal de los CPIs se verán mermadas, y su personal académico corre el riesgo de perder los beneficios laborales que les otorgan los contratos colectivos de trabajo. Pero habrá otras consecuencias igualmente graves. La ciencia mexicana queda ahora en un limbo presupuestal, lo que afectará no solamente las labores de investigación, sino también las de divulgación y docencia. Ante la ausencia de evaluación de pares que analicen y equilibren las decisiones presupuestales, las becas y los fondos de investigación quedarán reservados para quienes trabajen en las líneas prioritarias definidas por la nueva Junta de Gobierno del CONACYT con hache, que estará formada por una docena de Secretarías de Estado con invitados académicos ocasionales con voz, pero sin voto.
Ciencia ideologizada
Aunque fracasamos, la gran derrotada es la Dra. Elena Álvarez-Buylla. Tal vez le convendría leer la biografía que Plutarco escribió sobre Pirro, el rey de Epiro. Gracias a ella, un día nos despertamos y las fuerzas armadas ya estaban en la Junta de Gobierno del CONACYT. En cambio, no hay representantes de la UNAM, la UAM, el Cinvestav, ANUIES, IPN, y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que fue la primera víctima de sus mentiras, excesos y rencores políticos. ¿Por qué incorporó al Ejército y a la Armada en la Junta de Gobierno del CONACYT? A diferencia de lo que ocurre en otros países, en México la investigación que llevan a cabo las fuerzas armadas es muy reducida, y su inclusión en los órganos de gobierno del CONACYT no es otra cosa que una muestra de apoyo al proceso de militarización del país. Como afirmó Don Jesús Reyes Heroles, en política la forma es fondo, y la presencia del Ejército y la Armada en el órgano de gobierno más importante de la ciencia mexicana no es meramente decorativa, sino ideológica.
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En México buena parte de la investigación científica se hace en las instituciones de educación superior, y desde que comenzó el sexenio estamos atestiguando la contracción más grave del aparato académico y científico de la que tengamos memoria en las últimas décadas. Ello se refleja, por ejemplo, en las limitaciones presupuestales que han reducido el número de becas y la apertura de nuevas plazas para investigadores jóvenes. En política las casualidades no existen, y esta situación está siendo aprovechada para generar tensiones desestabilizadoras que se reflejan en los ataques abiertos o soterrados en contra de las universidades públicas, incluyendo campañas de desprestigio y difamación en contra de autoridades y profesores, con reclamos que siguen al pie de la letra los que usa el Presidente al acusarlos, sin prueba alguna, de ser parte de una élite privilegiada que medra del presupuesto.
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La aprobación de la iniciativa de ley de ciencia y tecnología representa el mayor fracaso de la Dra. Elena Álvarez-Buylla y del gobierno federal en su intento por definir una política científica para nuestro país. Gracias a la mezcla de megalomanía y autoritarismo que ha caracterizado sus decisiones políticas y administrativas, hoy estamos atestiguando la mayor fractura que han sufrido las relaciones de la comunidad académica con los responsables de la política científica de la nación. El escandaloso listado de atropellos e irregularidades que marcaron la aprobación de la nueva ley está dejando saldos políticos que no están a favor ni de Morena ni del CONACYT, y que seguramente se reflejarán, de ahora en adelante, en las preferencias electorales de una comunidad que creyó al principio del sexenio en las posibilidades de un mayor apoyo al desarrollo científico de México.
*Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional y Premio Crónica
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