Formalmente el proceso electoral iniciará en los primeros días de septiembre, con la primera sesión que el Consejo General del INE realice en ese mes, pero en los hechos estamos inmersos en la turbulencia electoral desde mediados de 2021, justo después de la jornada electoral de ese año, cuando el presidente AMLO dio el banderazo de salida a sus “corcholatas” y él se asumió como el gran destapador.

Desde entonces, con la venia presidencial, los aspirantes de Morena iniciaron abiertamente su ir y venir por todo el país proclamando su aspiración a convertirse en presidente o presidenta, con pretextos como dar conferencias o desarrollar la operación política propia de su cargo, gastando grandes cantidades de dinero en espectaculares, bardas y toda la parafernalia necesaria para promoverse, de la cual, sin embargo, se deslindaban una y otra vez con los pretextos más absurdos: “no sé quien paga eso”, “son los simpatizantes”, o como dice el líder formal del partido gobernante son los “queda bien”. Seguramente nunca sabremos cuánto dinero se gastó entre junio de 2021 y junio de 2023 en la promoción de las corcholatas del partido gubernamental.

Inmediatamente después del triunfo morenista en el Estado de México, AMLO convocó a sus corcholatas, los gobernadores y la dirigencia formal de su partido a una cena en la que les presentó las reglas a las que se ceñiría a partir de ahí el proceso de destape, mismas que ahí mismo se plasmaron en un acuerdo que los aspirantes firmaron. Además, a propuesta de AMLO aprobaron invitar al proceso a un miembro del PT y a otro del PVEM. Dichas reglas fueron aprobadas días después por la dirección del partido gobernante, que bautizó al proceso como la designación del comité de defensa de la cuarta transformación, figura que por supuesto no existe en los estatutos partidarios pero que ya había sido probada con éxito en varios procesos de elección de aspirantes a gobernadores. El objetivo de tal figura es adelantar las precampañas meses antes del inicio del proceso electoral respectivo, con la finalidad de que cuando inicie éste el partido y sus aliados ya tengan un precandidato único y así se ahorren la molestia de cumplir con las formalidades de las precampañas, como los informes de gastos cuya omisión en 2021provocó la negativa del registro a sus candidatos en Guerrero y Michoacán.

Este modelo implica una gran simulación, porque en los hechos tendríamos a seis precandidatos presidenciales haciendo abiertas precampañas adelantadas pero que las disfrazarían de un proceso interno para elegir a quien dirigiría tal comité, y que mágicamente unos meses después se convertiría en candidato o candidata a la presidencia. Esa gran simulación debía sortear la vigilancia del INE, autoridad administrativa electoral, y del TEPJF, autoridad jurisdiccional, lo que a primera vista parecía difícil. Pero finalmente ambas autoridades han resultado engañadas por tan elemental acto de ilusionismo. En el INE la entrada de nuevos consejeros cercanos a Morena, que ahora constituyen la mayoría en la comisión de quejas y denuncias, ha permitido que se tomen decisiones que han favorecido los abiertos actos anticipados de precampaña del partido gobernante. Lamentablemente las impugnaciones a estos actos anticipados no pasan directamente al Consejo General, sino son resueltas por esa comisión de quejas y denuncias.

En el TEPJF estas impugnaciones pasan primero por la sala regional especializada y solamente si son controvertidas pasan luego a la sala superior, lo que hace muy lenta la toma de decisiones al respecto. El efecto es que las precampañas anticipadas de Morena y sus aliados avanzaron sin problemas a lo largo de su primer mes de duración (están previstas para 70 días). Solamente a partir de un proyecto de la magistrada Janine Otálora, que proponía de plano suspender las precampañas adelantadas, tanto del bloque gubernamental como de la oposición, a los magistrados se les ocurrió ordenar al INE la elaboración de unos lineamientos para regular lo ilegal, estableciendo, por ejemplo, que los aspirantes no deben hacer llamados al voto y sus gastos deben ser fiscalizados.

Evidentemente, en este contexto los partidos opositores, con excepción de MC, también adelantaron su proceso de nominación de candidato o candidata presidencial, disfrazándolo como la elección de quien encabezará el Frente Amplio por México, que se ciñe a la figura de frente definida por la ley electoral, pero que no tiene objetivos electorales, de manera que luego harán malabares para convertir al elegido en candidato presidencial. AMLO y su partido, entonces arrastraron a la oposición al terreno de la ilegalidad. Ya veremos en noviembre las machincuepas que dan las dos grandes coaliciones para plantear que tendrán un precandidato único y que no harán precampañas. Hasta ahora las precampañas anticipadas más costosas evidentemente han sido las de Morena y sus aliados, que han llenado el país de espectaculares, bardas, mantas, carteles, etc.

Al mismo tiempo, AMLO ha intensificado su activismo y utiliza sus mañaneras para posicionar a sus corcholatas y denostar a la oposición virtualmente todos los días, a pesar de las resoluciones del INE y el TEPJF, que se traducen en llamados a misa porque el presidente los ignora y sigue en su activismo electoral. Esto se ha intensificado con la decisión de la senadora Xóchitl Gálvez de inscribirse como aspirante. Durante dos semanas sin tregua AMLO la atacó de todas las formas imaginables, llegando al extremo de exhibir información fiscal, con lo que violó la ley abiertamente. A esos ataques presidenciales se han sumado los medios controlados por el gobierno, así como por acusaciones penales de morenistas con el evidente propósito de sacarla de la competencia a la mala. AMLO llegó al extremo de simular que su consejería jurídica estaba de vacaciones para no recibir la notificación del INE que le ordenaba cesar sus ataques. Todo esto muestra hasta dónde está dispuesto a llegar AMLO para empujar el triunfo de su partido y sus aliados. Sin lugar a dudas, la de 2024 será una elección muy difícil.

* Académico de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa.