El proyecto del Tren Maya y sus promoventes no han demostrado su legalidad, su impacto ambiental, su viabilidad y seguridad estructural, como tampoco consenso ni pertinencia social, que incluye a los pueblos originarios de la región. El boquete de información y falta de planeación es tan grande como las cuevas subterráneas sobre las que busca pasar, y el impacto pernicioso en el medio ambiente y sociedad podrían ser un mal mayor que el beneficio que busca atraer a la región.

Estas son algunas de las ideas expuestas por académicos y especialistas de la UNAM y CEMDA, quienes participaron en el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI). En el marco del Día de la Tierra (celebrado el 22 de abril), pero más aún de la discusión que se realiza en torno al tema en la opinión pública, los expertos expusieron alguno de los múltiples boquetes de información presentes en un proyecto que se hace “sobre las rodillas, a trompicones y determinado por el poder económico”, como señaló Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la máxima casa de estudios.

Durante su participación, Luisa Falcón, investigadora del Instituto de Ecología y especialista en microbiología, añadió que no es casual que se desconozca mucha de la información para implementar el mega proyecto, sino que simplemente no existe.

La también especialista en estrategias que vinculan el conocimiento con la toma de decisiones en busca de desarrollo sostenible, ejemplificó que una muestra de ello es la falta de previsión de cómo impactará la mega obra en el acuífero.

“Mi propuesta a los tomadores de decisiones es que cualquier proyecto de magnitud como la del Tren Maya se tenga que planear. Este debió ser el sexenio del conocimiento y de la planeación, de identificar qué no conocemos y, entonces sí, entrar con todas las herramientas que tenemos los mexicanos, científicos y especialistas para entender el territorio y formular un proyecto. No al revés”.

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LA LEY A UN LADO.

Por su parte, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) enfatizó que el mega proyecto no cumple con lo establecido en la “Ley general de equilibrio y protección al ambiente” en relación a la evaluación del impacto ambiental.

El primer incumplimiento –práctica común para saltarse la normatividad en grandes obras en años recientes– es la segmentación en tramos, lo cual impide conocer los impactos acumulativos del proyecto. “Ahí hay una primera irregularidad”.

Una segunda es el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales cuyas autorizaciones, competencia de la Semarnat, se desconocen.

Tampoco se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo en los programas de desarrollo urbano en los municipios de los cinco estados por donde pasará, el cumplimiento de los ordenamientos ecológicos ni cómo se protegerá a las especies amenazadas, añadió.

Adicionalmente, apuntó, tampoco hay una participación social real a través de una consulta pública, como establece la ley. “Hasta ahora sólo se tiene la aprobación de la ‘madre Tierra’, algo simbólico que no cumple con estándares nacionales e internacionales de una consulta, que en México está sustentada en la Constitución”.

Estas son algunas de las razones por las que se cuestiona el Tren Maya, añadió. “No es que vayamos en contra, bienvenidos los proyectos y desarrollo, siempre y cuando se cumplan con el marco legal, se respete el capital natural y los derechos humanos, que incluye el derecho a un medio ambiente sano y a la salud de las personas”.

Por ello, el especialista consideró que el Tren Maya, como está planteado actualmente, se debe suspender, algo en lo que coincidieron los panelistas. “Es momento de una pausa, de darse la oportunidad para detener el proyecto y tomarse el tiempo suficiente y necesario para hacer realmente los estudios técnicos y científicos que se requieren, para saber de qué hablamos”.

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INCREMENTO DE LA VIOLENCIA.

Uno de los múltiples vacíos en el proyecto es el consentimiento de los pueblos originarios en la región, la cual tiene una amplia sociodiversidad, problemas sociales urgentes de seguridad y una riqueza arqueológica que se descubre a cada tramo de excavación, señaló Ana Esther Ceceña, académica del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El proyecto del tren no contempla aspectos como el incremento de la violencia y narcotráfico en la región, añadió, y cómo se exacerbarán con el desarrollo y puesta en marcha del proyecto.

“Quintana Roo se ha convertido en una de las rutas importantes de narcotráfico hacia la costa este EU y Europa (…) ya hay presentes pequeñas pandillas y se tiene registrado la presencia de cárteles del Golfo, Sinaloa, los Zetas, Jalisco Nueva Generación. Esto rompe el tejido y la organización comunitaria con el avance del turismo y agroindustrias, provocando una frágil defensa de la población”.

Tampoco contempla el incremento de la migración y el desplazamiento forzado proveniente de Centroamérica o las disputas en la región del corredor transístmico, agregó.