El gobierno mexicano ha descubierto una nueva propiedad del dinero público: puede gastarse en una competencia y aparecer disponible para otra, sin necesidad de multiplicarlo. Basta con restarlo. La física todavía no explica el fenómeno; la burocracia tampoco, pero ya lo utiliza. Es el primer milagro contable que exige menos fe que documentos.
Todo comenzó cuando María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), explicó las dificultades para financiar la participación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que encabeza Rommel Pacheco, en lugar de explicar por qué no había resuelto oportunamente el financiamiento, trasladó la discusión a los recursos destinados a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo.
Según la CONADE, de los 60 millones de pesos asignados al COM para aquella competencia, 20 millones podían utilizarse para Dakar. Una resta impecable y una conclusión que todavía necesita pruebas. Un maestro de primaria habría aprobado la operación; un auditor, difícilmente el entusiasmo.
Recursos en disputa
Porque el dinero pendiente de comprobar no es necesariamente dinero sin ejercer; y el dinero sin ejercer tampoco adquiere, por generación espontánea, autorización para financiar otro compromiso. Los convenios tienen objeto y las partidas, destino. No son recomendaciones literarias.
El COM afirma haber ejercido íntegramente esos recursos. Tendrá que acreditarlo. Pero la CONADE también debe demostrar que el supuesto remanente existía, estaba libre de obligaciones y podía reasignarse legalmente.
La paradoja es deliciosa: el gobierno exige documentos para reconocer el gasto ajeno, pero parece considerar suficiente su palabra para declarar disponible el dinero. La comprobación es obligatoria para los otros; para la autoridad basta una calculadora.
La administración del tiempo perdido
La historia tiene un calendario que vuelve todavía más desconcertante la explicación gubernamental.
El COM solicitó apoyo desde febrero, lo reconoce la propia CONADE, primero por 5.2 millones de pesos. En septiembre actualizó su petición a poco más de 11 millones de pesos, tras aumentar de 32 a 62 los atletas clasificados. Había necesidad, presupuesto y calendario. Faltaba la respuesta.
Según el Comité, el 2 de octubre recibió la comunicación de que el apoyo no había sido autorizado. El 7 de octubre vencía el plazo para cubrir compromisos de participación. El 16 de octubre, la CONADE emitió un oficio planteando la posibilidad de transferir recursos.
La puntualidad retroactiva
El gobierno descubrió entonces otra maravilla: la puntualidad retroactiva.
Una respuesta posterior al vencimiento puede tener valor administrativo, pero no devuelve oportunidades perdidas. Los calendarios deportivos padecen una lamentable incapacidad para obedecer instrucciones gubernamentales.
Y aquí aparece el movimiento más revelador. Después de que Alcalá describiera las dificultades financieras, la CONADE difundió públicamente su documento y colocó en el centro de la discusión los recursos de Santo Domingo. El COM hablaba de llevar una delegación a Dakar; la autoridad consiguió que la conversación girara alrededor de cómo había administrado dinero de otra competencia.
El desplazamiento no prueba una intención deliberada, pero sus efectos son claros: quien debía explicar la oportunidad de su respuesta terminó interrogando a quien la esperaba.
El gobierno no sólo administra presupuestos; también administra explicaciones. Y cuando una explicación llega tarde, todavía puede intentar llegar primero a la opinión pública.
Transparencia y responsabilidades
La transparencia no debería convertirse en el arte de publicar documentos para que las explicaciones las deba otro. Menos cuando el COM cuestionó que el oficio hubiera sido formalmente notificado antes de difundirse.
El poder reclama comprobantes del pasado mientras pretende que el presente se absuelva mediante oficios.
La medalla de la irresponsabilidad
Mientras la discusión pública se entretenía con los 20 millones de pesos de Santo Domingo, el problema seguía en Dakar, donde los atletas no compiten con estados de cuenta.
María José Alcalá informó que las restricciones presupuestarias obligaron a reducir servicios médicos y técnicos. La delegación costará 13.8 millones de pesos: 70 por ciento será aportado por patrocinadores privados y el resto por el propio Comité. Si la falta de financiamiento oportuno provocó esos recortes, la consecuencia no fue una incomodidad burocrática, sino una afectación a jóvenes que habían ganado deportivamente su lugar.
El COM gestionó recursos, actualizó necesidades y buscó alternativas. Nada lo coloca por encima de la fiscalización; tampoco justifica convertirlo en responsable automático de las dificultades que denunció.
La responsabilidad que también debe rendir cuentas
El gobierno tiene la obligación de exigir cuentas. Lo que no puede pretender es que la rendición de cuentas funcione como un espejo que solamente refleje a los demás.
La responsabilidad pública también se mide por decisiones que no se tomaron y problemas que pudieron evitarse. No toda omisión deja una factura; algunas dejan atletas compitiendo con menos apoyo.
El problema revela una deformación del poder: creer que administrar consiste en demostrar que los demás se equivocaron, sin explicar qué hizo la autoridad para evitar el daño.
Los deportistas deben acreditar marcas, clasificaciones y resultados. A la burocracia, en cambio, parece bastarle con acreditar que redactó un oficio.
Quizá algún día el gobierno comprenda que su función no consiste en llegar después para explicar por qué los demás debieron resolver antes.
Mientras tanto, México conserva una curiosa distribución de responsabilidades: los atletas están obligados a llegar a tiempo; el gobierno solamente a tener una explicación para su retraso.