María José Alcalá, presidenta del COM, se equivocó en veinte millones de pesos y lo reconoció públicamente. Reconocerlo no prueba nada sobre las cuentas; sólo corrige la cifra de la que todos partían. Dijo cuarenta donde debió decir sesenta. Corrigió sus palabras en lugar de exigir que la realidad se acomodara a ellas.
Pero ocurrió un milagro contable: la postura oficial de CONADE tomó la cifra equivocada, hizo la resta y presentó los veinte millones omitidos en una declaración como si hubieran sobrado en una cuenta bancaria. La aritmética se convirtió en prestidigitación.
El COM sostiene que los sesenta millones destinados a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo fueron ejercidos íntegramente y que su comprobación será presentada dentro del plazo correspondiente, que, según el COM, vence en diciembre. Tendrá que acreditarlo peso por peso, y nadie debería relajar esa exigencia. Pero una comprobación pendiente, cuyo plazo no ha vencido, no demuestra irregularidades ni acredita la existencia de un remanente.
Detrás de esa resta llegó la auditoría anticipada: primero las conclusiones; después, si acaso, los documentos. La sospecha tiene una ventaja sobre los números: puede circular sin cuadrar.
Y mientras se discuten esos veinte millones imaginariamente disponibles, desaparece del centro la pregunta original: ¿por qué CONADE no entregó oportunamente los recursos solicitados para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, que comienzan el 31 de octubre?
El dinero que necesitaba permiso para existir
Concedamos, generosamente, que los veinte millones hubieran estado sin ejercer. Todavía faltaría demostrar que podían utilizarse para otra competencia.
Las Reglas de Operación del Programa S269 para 2026 y el régimen federal de subsidios sujetan los recursos a destinos autorizados, convenios, comprobaciones y, cuando corresponde, reintegros. Un remanente no adquiere libertad presupuestaria por aparecer en una conferencia. Cambiar su destino requiere fundamento y autorización.
La propia CONADE ofrece la demostración: para apoyar Dakar necesitaba suficiencia presupuestaria y formalizar un convenio.
La paradoja merece un lugar en los manuales: para entregar once millones hacen falta trámites; para suponer que veinte podían financiar otra competencia, parece bastar una resta.
Y entonces aparece el expediente, con esas pequeñas insolencias llamadas fechas.
El 27 de febrero, el COM solicitó $5,187,910.50. CONADE recibió el escrito el 3 de marzo. En septiembre, al crecer la delegación de 32 a 62 atletas, la petición aumentó a $11,064,726.64, mediante escrito del día 2, recibido el 4. La autoridad solicitó desgloses presupuestarios y continuó el procedimiento.
El 1 de octubre, según el COM, hubo una reunión de seguimiento. El día 2 recibió, por WhatsApp, la noticia de que el apoyo no estaba autorizado. La negativa cupo en un mensaje; la explicación necesitaría oficio, número y hora.
El 7 de octubre venció el plazo señalado por el COM para cubrir los compromisos de participación.
CONADE fechó su oficio SCD/1015/2026 el 16 de octubre y lo comunicó el 17, a las 19:13 horas. Según la documentación publicada, reconoció que las gestiones para obtener suficiencia presupuestaria habían tomado más tiempo del previsto. El día 19 todavía se hablaba de formalizar el convenio.
Más de siete meses entre la primera solicitud y la respuesta. Diez días entre el vencimiento del plazo y la comunicación oficial. Y un convenio pendiente entre la posibilidad de recibir dinero y recibirlo efectivamente.
La administración había conseguido algo extraordinario: anunciar las condiciones para comenzar a resolver un problema cuando el problema ya había tenido que resolverse sin ella.
La burocracia puede modificar presupuestos; todavía no ha conseguido reformar el calendario.
La responsabilidad que no se transfiere
Para entonces, según el COM, la participación estaba cubierta con recursos propios y patrocinadores. El Comité informó además de ajustes en servicios médicos y técnicos: el presupuesto previsto, de 16 millones de pesos, tuvo que reducirse a 13.8, y el 70 por ciento lo pusieron los patrocinadores. El retraso dejó de ser una discusión entre oficinas cuando alcanzó las condiciones de participación de los atletas.
Aquí aparece la contradicción más reveladora. El COM reconoció una equivocación —la que hizo posible la resta— y la corrigió. CONADE reconoció una demora administrativa. Habría sido saludable que explicara con idéntica claridad por qué sus procedimientos no alcanzaron a responder al calendario deportivo.
En cambio, buena parte de la conversación se trasladó hacia Santo Domingo. CONADE lo propició con una resta; el resto lo hizo la velocidad de la conversación pública. El efecto se advierte sin atribuir intenciones: la sospecha sobre el COM ganó espacio mientras la responsabilidad por el retraso gubernamental lo perdía.
Fiscalizar al Comité es indispensable. Exigirle comprobantes, también. Cada institución responde por lo suyo: el COM, por sus comprobantes; CONADE, por su calendario. Pero quienes preguntamos por los sesenta millones de Santo Domingo deberíamos preguntar con igual insistencia dónde estaban los once de Dakar cuando todavía servían para algo.
El gobierno no sólo administra presupuestos; también administra explicaciones. Y cuando una explicación llega tarde, todavía puede intentar llegar primero a la opinión pública.
La rendición de cuentas no consiste en conseguir que el otro parezca culpable antes de explicar la propia actuación.
El COM corrigió una cifra. CONADE todavía debe explicar un calendario.
Quizá ésa sea la nueva especialidad de nuestra burocracia deportiva: encontrar veinte millones cuando ya no había tiempo para entregar once.