Autoridades de seguridad en Quintana Roo han iniciado una investigación contra José Ángel “H”, director de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, por presuntos actos de corrupción y nexos con grupos delictivos.
Durante varios meses, elementos internos han recopilado evidencia que incluye fotografías, audios y videos que apuntan a que José Ángel “H” habría recibido dinero de organizaciones criminales. En uno de los audios filtrados, se le escucha ordenar la liberación de personas armadas, presuntamente integrantes de cárteles. La grabación revela frases como:
“Sí, bueno, pues no hay que aguantarlo, wey. No, el pedo que se le daba en el avión con esas madres ya va a haber pedo, wey”.
En una de las imágenes del expediente, se observa al mando policial realizando depósitos en la SOFOM Kuspit - Unalapay, institución señalada por las autoridades como una plataforma utilizada para ocultar transacciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se reportaron al menos cuatro visitas en las que se entregaron entre 500 mil y 1 millón de pesos en efectivo por operación.
Según el informe, estos pagos habrían sido realizados para permitir la libre operación de narcotraficantes en distintas zonas del estado. José Ángel “H” habría instruido a sus elementos a liberar sicarios armados tras ser detenidos, en al menos tres ocasiones, siempre que se identificaran como miembros de los cárteles con los que mantenía acuerdos.
La denuncia también señala que en 2024 se permitió la ejecución de varios individuos sin que se realizaran detenciones, incluyendo el asesinato de un comerciante en Tulum. Además, se investiga a Leslie Mayorga Reyes, directora de Comunicación Social de la SSC estatal, por presuntamente manipular la información publicada en los canales oficiales para proteger a delincuentes de alto perfil y evitar que las víctimas los identifiquen en carpetas de investigación.
Los denunciantes han solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
“Se pide a las autoridades… que actúen contra el enemigo que tenemos en casa”, concluye el llamado.