Las operaciones de una instalación industrial dedicada a la producción de cal (calera) ubicada en la localidad de Cholul, Yucatán, llegarán a su fin de manera definitiva, luego de que autoridades estatales confirmaron el cese total de actividades tras una denuncia ciudadana por afectaciones al medio ambiente y a la salud de la población.
El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que la decisión se logró mediant acciones coordinadas de vigilancia, inspección y diálogo con representantes de la empresa, luego de que vecinas y vecinos reportaran de manera constante la emisión de polvo y partículas en suspensión que afectaban su calidad de vida.
El caso se originó en junio de 2025, cuando habitantes de Cholul y fraccionamientos cercanos presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), misma que quedó registrada bajo el expediente D.P. 116/2025; a partir de ahí, se inició un proceso de seguimiento que incluyó visitas de inspección realizadas el 23 de junio por personal técnico especializado.
Durante el análisis, se determinó que las emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas eran competencia de la autoridad federal, por lo que el expediente fue canalizado a la instancia correspondiente. Aun así, la SDS emitió recomendaciones técnicas para mejorar el manejo del coque y reducir riesgos ambientales y sanitarios.
En el tema de residuos, las revisiones detectaron varias irregularidades, por lo que se ordenó a la empresa aplicar medidas correctivas y preventivas, como una adecuada separación, almacenamiento, registro y disposición final de residuos de manejo especial, además de tramitar la Licencia Ambiental Única.
El 30 de junio de 2025, la dependencia estatal notificó formalmente a la empresa para que acreditara el cumplimiento de estas acciones en un plazo máximo de 15 días hábiles, periodo en el que la compañía entregó documentación y escritos como parte del proceso.
De manera paralela, la Subsecretaría de Planeación para la Sustentabilidad firmó una carta de intención con representantes de la calera, en la que se establecieron compromisos enfocados en la protección ambiental, fijando como meta la suspensión definitiva de operaciones a más tardar el 31 de diciembre de 2025.