Encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, y como resultado de una operación estratégica de inteligencia y campo, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), capturo a dos presuntos líderes de la célula delictiva denominada “Cártel Inmobiliario”.
Los imputados han sido identificados como Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”; ambos contaban con órdenes de aprehensión vigentes a causa de extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa.
El Operativo y las detenciones se llevaron a cabo por medio de labores de seguimiento coordinadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI). El cumplimiento de las capturas se dio en distintos puntos de la ciudad.
En el caso de Christian Pablo “N”, este fue localizado y detenido en la calle Paseo Mil Cumbres, colonia Cumbres de Juárez, a las 13:30 horas.
Mientras que Emmanuel Aurelio “N” fue capturado en la calle Sánchez Taboada de la colonia Revolución de manera simultanea.
En el momento de la detención, a los dos se les informó de sus derechos constitucionales y a continuación los pusieron inmediatamente a disposición de la autoridad judicial con el objetivo de que diera inicio su proceso penal.
Investigación y Aseguramiento de Inmuebles
De acuerdo con la carpeta de investigación, los dos detenidos están relacionados con la apropiación violenta de 50 unidades habitacionales que s encuentran en las calles Alta Mar y Baja Mar del fraccionamiento Laderas del Mar, Segunda Sección, en Playas de Tijuana. Su forma de operar consistía en la llegada de sujetos armados a bordo de diferentes vehículos, quienes desalojaban de manera ilegal a los ocupantes y se apoderaban de predios e inmuebles. Como respuesta a esto, los agentes que están llevando la investigación, procedieron al aseguramiento de las viviendas vinculadas al caso para restituir el estado de derecho.
Con dicho golpe al crimen organizado en el sector inmobiliario, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas de inteligencia que están a su disposición para garantizar que ningún acto de despojo quede impune en la entidad.