La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como parte de su política antidrogas, anunció la congelación de bienes y propiedades de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Reymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, así como de los casinos Centenario y Diamante, ubicados en Tamaulipas y presuntamente vinculados al Cártel del Noreste (CDN), organización anteriormente conocida como Los Zetas.
De acuerdo con la OFAC, el Casino Centenario habría sido utilizado por integrantes del grupo criminal como centro de almacenamiento de pastillas de fentanilo y cocaína, además de fungir como espacio para el lavado de dinero mediante operaciones de juego, así como para actos de tortura e intimidación contra rivales de la organización.
Las autoridades estadounidenses señalaron que estas actividades eran operadas bajo la razón social Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), empresa presuntamente utilizada para realizar actividades ilícitas como tráfico de fentanilo, trata de personas, lavado de dinero y extorsión en beneficio del Cártel del Noreste.
La OFAC identificó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, como presunto autor intelectual de diversas operaciones criminales en Nuevo Laredo, señalando que mantenía bajo su supervisión actividades relacionadas con el tráfico de personas y el traslado de migrantes desde el Río Grande hacia Texas, en colaboración con Abdon Federico Rodríguez García.
Asimismo, el organismo estadounidense indicó que el grupo criminal utilizaba estructuras legales y figuras públicas para encubrir sus operaciones ilícitas. Entre ellas, señaló que Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado defensor del grupo, habría prestado servicios ilegales al CDN.
Como parte de estas acusaciones, la OFAC también destacó que el cártel presuntamente empleó a Jesús Reymundo Ramos Vázquez como supuesto activista de derechos humanos para encabezar campañas de desinformación dirigidas contra autoridades mexicanas.
Estas sanciones se producen después de que, el año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos catalogara al Cártel del Noreste como una organización criminal extranjera bajo la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico.