
Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias de Zacatecas (SITTEZ) advirtieron que radicalizarán sus protestas para exigir el pago de la llamada “hora 32”, prestación salarial que aseguran ya cuenta con recursos aprobados dentro del Presupuesto de Egresos 2026 del estado.
El conflicto provocó un paro laboral indefinido en las 890 telesecundarias de Zacatecas, situación que dejó sin clases a más de 35 mil estudiantes, según reportes de medios locales.
Desde esta semana, docentes realizaron protestas y tomas de oficinas gubernamentales, entre ellas Ciudad Administrativa, la Secretaría de Finanzas, el Congreso local y recaudaciones de rentas en distintos municipios del estado.
Los maestros exigen el cumplimiento de acuerdos firmados desde diciembre de 2025, cuando se aprobó reconocer y pagar una hora lectiva adicional a trabajadores del sistema de telesecundarias. La demanda es conocida como “hora 32”, debido a que actualmente los docentes aseguran que laboran 35 horas semanales, pero solo se les reconocen 31.
Ernesto Macías Silva, secretario general del SITTEZ, señaló que el recurso para cubrir esta prestación ya fue etiquetado en el presupuesto estatal, pero acusó a la Secretaría de Finanzas de retrasar la liberación del dinero.
El dirigente sindical afirmó que las autoridades educativas sí han sostenido mesas de diálogo con el sindicato, aunque aseguró que hasta ahora no existe una fecha clara para realizar el pago correspondiente.
Además, los docentes rechazaron la propuesta de convertir el pago en un bono temporal, pues exigen que sea reconocido como una prestación salarial permanente.
Tomás López Cabrera, docente del sistema de telesecundarias, aseguró que el acuerdo fue aprobado por la mayoría del Congreso local y acusó “tortuguismo” por parte de las autoridades estatales para cumplir con el compromiso.
El SITTEZ advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse si el gobierno estatal no presenta una solución inmediata. Entre las acciones contempladas estarían nuevas tomas de oficinas y la ampliación del paro laboral.
Por otra parte, algunos análisis locales señalan que todavía existe margen administrativo para resolver el conflicto antes de que venza el plazo acordado para liberar los recursos, por lo que llaman a mantener el diálogo entre autoridades y docentes.