La causa penal contra una de las exfuncionarias más cercanas al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca avanzó este día con la realización de la audiencia intermedia de María de Lourdes Arteaga Reyna, exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas, quien enfrenta acusaciones por el presunto desvío de más de 139 millones de pesos de recursos públicos.
Durante la audiencia, que se desarrolla en un juzgado de Ciudad Victoria, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formulará formalmente su acusación y presentará las pruebas que busca llevar a juicio para sostener los señalamientos en contra de la exfuncionaria.
Arteaga Reyna fue vinculada a proceso el 15 de octubre de 2025, luego de que un juez de control consideró que existían elementos suficientes para investigarla por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con la investigación, el caso está relacionado con recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2021 que estaban destinados a infraestructura y equipamiento para la Red de Vigilancia de Seguridad Pública de Tamaulipas.
Según la carpeta de investigación, el 5 de agosto de 2021, cuando aún encabezaba la Secretaría de Finanzas, la exfuncionaria habría autorizado dar un destino distinto a 139 millones 328 mil 239 pesos con 47 centavos.
Las indagatorias sostienen que el dinero fue retirado de un fideicomiso creado para fortalecer las capacidades tecnológicas en materia de seguridad pública y posteriormente fue transferido al Banco ACCENDO como una inversión financiera.
Sin embargo, apenas dos meses después de esa operación, la institución bancaria presentó problemas de capitalización y terminó declarándose en quiebra, lo que provocó la pérdida de los recursos públicos.
Las autoridades señalan que el fideicomiso tenía como objetivo financiar tecnología y sistemas de monitoreo para reforzar la seguridad en Tamaulipas, proyecto en el que también participaba la empresa TRES DIEZ, firma que ha sido señalada en otras entidades del país por presuntas irregularidades.
Como parte del proceso judicial, el 10 de octubre de 2025 un juez impuso medidas cautelares a Arteaga Reyna. Entre ellas, la prohibición de salir de Reynosa y del país, la obligación de acudir a firmar cada ocho días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) y el pago de una garantía económica de 300 mil pesos.
Con esta audiencia intermedia se definirán las pruebas que podrán desahogarse durante el juicio, etapa en la que la Fiscalía buscará acreditar las presuntas responsabilidades de la exsecretaria de Finanzas en el manejo de los recursos públicos.