Las investigaciones contra la administración del exgobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022) acumulan, hasta el momento, 2 mil 423 millones 433 mil pesos en montos en los que se señala corrupción. Esta es la suma de los quebrantos documentados en la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, de acuerdo con expedientes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Auditoría Superior del Estado, mismos que están en la crucial etapa de judicialización.
Tras el cambio de gobierno en el estado, la actual administración encabezada por Américo Villarreal impulsó auditorías que destaparon estos casos y generaron denuncias penales por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado ha tenido vista de los expedientes.
Los delitos recurrentes que aparecen son uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y desvío de recursos, simulación de contratos y adjudicaciones a empresas fantasma o facturaras. La Secretaría de Bienestar Social es el epicentro del desvío más cuantioso documentado, relacionado con la presunta compra irregular de despensas.
Sin embargo, también dependencias como la Secretaría de Salud enfrentan denuncias: 70 en este caso, 14 por un presunto daño patrimonial cercano a los 343 millones de pesos, derivado de contratos anómalos de mantenimiento hospitalario.
En la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Finanzas, se investigan sobrecostos en infraestructura vial e institucional, además de la triangulación de pagos hacia redes de proveedores sin activos reales.
Hasta el momento, más de una decena de exservidores públicos de primer nivel han sido vinculados formalmente a proceso; incluso uno de ellos, el ex titular de Educación, Mario Gómez Monroy, fue sentenciado a 19 años de prisión luego de ser acusado por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado, tras desviar 8.2 millones de pesos, al celebrar un convenio irregular con MetLife.
Apenas el 1 de julio, la exsecretaria de Bienestar Social, identificada legalmente como YAC, bajo la carpeta de investigación 733/2025, fue vinculada a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades. La Fiscalía Anticorrupción señala que autorizó, sin existir un proceso de licitación pública, cuatro contratos para la compra de 2 millones 400 mil despensas, del programa “Bienestar alimentario” por 985.2 millones de pesos. La imputada lleva el proceso en libertad debido a que cuenta con la suspensión provisional de un amparo federal vigente.
En esa misma dependencia, el ex titular Rómulo G fue detenido el 17 de enero en el municipio de Valles, San Luis Potosí, acusado de contratación indebida de 2 millones 600 mil despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.
La exsecretaria de Finanzas, María de Lourdes A, fue vinculada a proceso por ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, al hacer una aplicación distinta a lo autorizado de fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de 139 millones 328 mil 239.47 pesos.
El exsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto E, es uno de los exfuncionarios que más procesos enfrenta, relacionados con la condonación de multas a empresas; sin embargo, todos estos procesos los enfrenta en libertad. No obstante, algunos procesos no pudieron seguirse a pesar de habérsele vinculado a proceso inicialmente; la razón fue el tiempo transcurrido desde los hechos y la prescripción de delitos.
Otros de los vinculados a proceso son el exsecretario de Administración Jesús Alberto S, con varios procesos, al ser el responsable del otorgamiento de todos los contratos que se celebraron en la pasada administración.
Así como la excontadora gubernamental Elda Aurora V, también relacionada con la asignación de contratos por adjudicación directa, sin respetar el proceso de licitación pública.
También vinculado en al menos dos procesos legales el exsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto G y cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas.
El caso está relacionado con la ampliación de un tramo carretero en la Frontera Chica, en donde se señala que la obra fue pagada en dos ocasiones.
En otro proceso se acusa al exsecretario de Seguridad Pública, José Jorge O y el exdirector de Administración de la misma dependencia, Felipe de Jesús P, en un asunto relacionado con la adquisición de seguros de vida para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
Y en un caso similar se vinculó a proceso al exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge N de la contratación indebida de seguros de vida para el personal de salud que no fueron pagados.
También el exdirector del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Luis Fernando C, fue vinculado a proceso en un asunto en que se acusa de haber ejercido recursos del Instituto para fines distintos de los que estaban destinados, señalándose un monto de alrededor de 9 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado detectó un posible quebranto de 288 millones 705 mil pesos en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, señalando, además del ex titular Luis Fernando C, a la ex Directora Administrativa, Mayra Lizzeth A.
Bajo la conducción de la Fiscalía Anticorrupción, jueces de control lograron acreditar elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de 29 exfuncionarios de rango medio y alto.
La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas también mantiene activas al menos ocho órdenes de aprehensión de carácter local contra excolaboradores cercanos al exgobernador que se encuentran fuera del país o evadidos de la justicia, aunque el universo total de expedientes en trámite que integra la fiscalía especial supera los 790 asuntos.
A la par de la vía criminal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas (anteriormente Contraloría) ejecuta una agresiva estrategia de fiscalización. La dependencia determinó la inhabilitación de 134 personas servidoras públicas, de las cuales el 90 por ciento pertenece estrictamente al sexenio de García Cabeza de Vaca.
La Secretaría ha impuesto cerca de 195 sanciones administrativas directas y turnó 85 expedientes adicionales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas debido a faltas graves que ameritan la restitución económica del daño.
El caso del propio Francisco García Cabeza de Vaca corre por vías independientes, conectando el ámbito local con severas acusaciones en el plano federal penal. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertos expedientes por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino de manera unánime, revocando los amparos previos que suspendían su captura, permitiendo con ello la reactivación formal de la orden de aprehensión federal en su contra.
A nivel estatal, la Consejería Jurídica del Gobierno de Tamaulipas ha interpuesto al menos ocho denuncias específicas contra el exmandatario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, integradas directamente a las más de 50 carpetas globales que buscan esclarecer el destino de los fondos públicos del estado.
Colaboración especial con Expreso de Tamaulipas