El alcalde en licencia de Bahía de Banderas acumula señalamientos de utilizar programas y policías municipales contra sus adversarios en la interna del partido Morena; la crisis por el caso de un funcionario de su gobierno exhibido entregando dinero a un presunto operador de vínculos muy cuestionables.
El alcalde de Bahía de Banderas, quien durante meses fue presentado como uno de los aspirantes con respaldo del grupo gobernador del estado y su grupo político, enfrenta una sucesión de crisis que han erosionado la viabilidad de su proyecto político.
El episodio más reciente ocurrió el 22 de julio, cuando cuatro brigadistas del equipo de Geraldine Ponce fueron detenidos por la Policía Municipal mientras realizaban perifoneo para convocar a una asamblea en defensa de la Cuarta Transformación y de la soberanía nacional en bahía de Banderas.
En un video difundido por Ponce, uno de los propios agentes reconoce que los brigadistas no habían cometido ningún delito. La morenista denunció además que no se trató de un hecho aislado, sino de una serie de intimidaciones, detenciones y obstáculos contra su equipo durante sus actividades en Bahía de Banderas.
La actuación de la policía bajo su responsabilidad institucional fortalece la percepción de que su administración intenta contener mediante el aparato municipal el crecimiento de una adversaria interna.
La denuncia llega después de uno de los mayores reveses políticos de su administración: el conflicto de Playa Las Cocinas.
El Ayuntamiento de Bahía de Banderas autorizó una licencia de construcción por la que recibió 21 millones 528 mil pesos, pese a las advertencias ambientales y a la oposición de habitantes y defensores de la playa. Posteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revocó la concesión federal al comprobar la realización de obras no autorizadas y la invasión de la Zona Federal Marítimo Terrestre.
La resolución obligó al retiro de estructuras irregulares, a replantear el proyecto y a garantizar el acceso público a la playa. El desenlace representó un abierto revés para Santana, quien había defendido la actuación de su gobierno y buscó después presentarse como parte de la solución.
A esta crisis se suma el video en el que Salvador Machuca, entonces funcionario municipal, aparece entregando fajos de billetes a Óscar Enrique Jiménez Tapia, “El Tagayas”, señalado por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La difusión provocó el cese del servidor público y obligó a Santana a explicar por qué un integrante de su administración mantenía esa relación. Aunque el alcalde afirmó que se trataba de un video antiguo y que el dinero estaba relacionado con peleas de gallos, el episodio abrió dudas sobre la integración y el control de su círculo político.
El desgaste no se limita a estos casos. Santana también ha sido cuestionado por la distribución de pollos, huevos, frijol y otros productos en actos encabezados por su gobierno y en eventos vinculados con su promoción política.
Estas prácticas han sido criticadas por distintos actores de Morena en Nayarit como una forma de movilización propia del viejo PRI, basada en la entrega de beneficios materiales para garantizar asistencia y respaldo.
El senador Pável Jarero cuestionó públicamente este modelo al señalar que no es lo mismo garantizar derechos y programas sociales que entregar “una cartera de huevo, frijol, bolillo y pollo” para llevar personas a un evento político.
A las críticas de Jarero se han sumado legisladores y diversos cuadros políticos de Morena en la entidad, quienes han advertido sobre el riesgo de reproducir dentro del movimiento prácticas clientelares que durante décadas fueron asociadas con el PRI.
El señalamiento resulta especialmente relevante porque Santana inició su carrera política precisamente en ese partido, por el que fue electo diputado local antes de incorporarse a Morena.
En conjunto, los episodios dibujan un problema mayor para su aspiración. Cualquiera de estos casos representaría un costo para un aspirante. La acumulación de todos ellos hace cada vez más difícil que Morena pueda justificar una eventual nominación de Santana sin asumir también el desgaste político, ético y reputacional que hoy acompaña su nombre.
Morena tendría que decidir si está dispuesto a cargar en una elección estatal con el expediente de un aspirante marcado por cuestionamientos de posible penetración criminal en su entorno, conflictos ambientales, prácticas clientelares y acusaciones de utilizar las instituciones municipales para obstaculizar la competencia política.
La Crónica de Hoy 2026