En una sesión extraordinaria del Congreso de Veracruz, con 40 votos a favor y ocho en contra, diputadas y diputados aprobaron retirar el fuero a los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, decisión que permite a la Fiscalía General del Estado (FGE) continuar con las investigaciones en su contra sin la protección que les otorgaba el cargo.
La determinación fue tomada luego de que la Comisión Instructora presentara el dictamen correspondiente, al considerar que existen elementos suficientes para que ambos ediles enfrenten los procesos legales.
Investigaciones
En el caso de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, la investigación está relacionada con su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.
Por su parte, Bertín Bravo Montero es señalado por su presunta participación en la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, hechos ocurridos en mayo de 2026.
Con la aprobación del Congreso, los dos alcaldes perdieron el fuero constitucional, por lo que la Fiscalía podrá continuar con las diligencias correspondientes en ambos casos.
Alcalde de Úrsulo Galván
De acuerdo con la carpeta de investigación, Héctor Ramos Sánchez e Ignacio López Torres acudieron el 4 de mayo de este año al domicilio de Bertín Bravo Montero, ubicado en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, donde presuntamente sostuvieron una reunión.
Según las investigaciones, ese fue el último lugar donde ambas personas fueron vistas con vida.
La Fiscalía General del Estado informó que entre los elementos que sustentan la investigación existen videograbaciones, registros de telefonía, testimonios e inconsistencias detectadas en algunas de las declaraciones rendidas por el alcalde, indicios que, de acuerdo con la autoridad, lo relacionan con la desaparición del empresario y su escolta.
Tras la votación del Congreso local, Bertín Bravo Montero ya no cuenta con la inmunidad procesal derivada de su cargo, por lo que la Fiscalía podrá continuar con las acciones legales correspondientes dentro de la investigación por la desaparición de Héctor Ramos Sánchez e Ignacio López Torres.