El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quedó sujeto a prisión preventiva por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el caso de Ayotzinapa, luego de que el juez de control determinara imponer esta medida cautelar durante la audiencia inicial.
La decisión se dio después de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara al exmandatario por presuntos actos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
De acuerdo con la información publicada, dictó la prisión preventiva y concedió un plazo de 144 horas para determinar la situación jurídica del exgobernador. La medida no significa todavía que haya sido declarado culpable, ya que el proceso judicial continúa y será en una siguiente audiencia cuando se determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Aguirre Rivero fue detenido el jueves 6 de agosto y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México. La FGR lo señala dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes normalistas.
Entre los señalamientos que han trascendido se encuentra la presunta participación del exgobernador en el ocultamiento de información y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala. La investigación también contempla acusaciones relacionadas con la desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Uno de los puntos señalados por las autoridades está relacionado con material videográfico que podría haber registrado parte de los acontecimientos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron atacados y posteriormente desaparecidos.
El caso Ayotzinapa se ha mantenido durante casi 12 años como uno de los asuntos de mayor importancia en materia de derechos humanos y justicia en México. La desaparición de los 43 normalistas provocó movilizaciones de familiares, estudiantes y organizaciones sociales que han exigido conocer qué ocurrió con los jóvenes y llevar ante la justicia a todos los responsables.
Ángel Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos. En octubre de 2014 solicitó licencia para separarse del cargo, en medio de la presión política generada por la desaparición de los estudiantes y las investigaciones que se realizaban en el estado.
La detención y posterior imposición de prisión preventiva representa un nuevo capítulo dentro de las investigaciones del caso. La Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar la posible responsabilidad del exmandatario en acciones relacionadas con el manejo de información y evidencias después de la desaparición de los normalistas.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos, por lo que la resolución sobre la posible vinculación a proceso se realizará posteriormente. Algunas fuentes reportan que la nueva audiencia quedó programada para el 12 de agosto, aunque otros reportes señalan una fecha distinta, por lo que este punto deberá confirmarse con la autoridad judicial.
Mientras tanto, Aguirre Rivero permanecerá bajo prisión preventiva. El proceso continuará para determinar si los elementos presentados por la Fiscalía son suficientes para que enfrente un proceso penal por los delitos que se le imputan.