La Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes habría judicializado una carpeta pese a que la querella fue presentada casi tres años después de que la empresa tuvo conocimiento de los hechos.
Uno de los investigados denunció al Ministerio Público por presunta falta de objetividad y señaló que el caso ya había sido investigado en la Ciudad de México.
La dependencia, a través del agente del Ministerio Público Diego Hernández García Rojas, determinó ejercer acción penal y judicializar la carpeta de investigación CI/AGS/21934/08-25, derivada de una denuncia presentada por Cementos y Concretos Nacionales S.A. de C.V. por un presunto delito de despojo.
El punto central de la controversia es que, de acuerdo con los antecedentes del caso, la empresa habría tenido conocimiento de los hechos desde el 3 de noviembre de 2022, pero presentó la querella hasta el 28 de agosto de 2025, cuando ya había transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 95 del Código Penal de Aguascalientes.
Una denuncia presentada fuera de plazo
Según la denuncia, el 3 de noviembre de 2022 se realizó una diligencia judicial en una planta de cemento de la empresa, durante la cual se habría intentado retirar la posesión a trabajadores.
Los empleados se opusieron al procedimiento y, de acuerdo con el relato incorporado al expediente, realizaron disparos al aire para intimidar a personal del Poder Judicial y elementos de Seguridad Pública.
El artículo 95 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes establece un plazo de dos años para presentar querella a partir de que la víctima tiene conocimiento de la afectación.
Bajo ese criterio, la controversia radica en que la denuncia fue presentada casi tres años después de los hechos que la propia empresa señala como el momento en que tuvo conocimiento del presunto delito.
Acusan falta de objetividad
Pese a la temporalidad cuestionada, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación, realizó actos de investigación y posteriormente ejerció acción penal.
Ante ello, uno de los investigados presentó una denuncia de hechos contra el agente del Ministerio Público y una recusación, al argumentar presunta parcialidad y falta de objetividad en la conducción del caso.
A la controversia se suma otro elemento: los hechos denunciados por Cementos y Concretos Nacionales ya habrían sido denunciados previamente por una de sus filiales en la Ciudad de México, donde, según lo señalado, fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía local.
Silencio de la Fiscalía
Hasta ahora, la Fiscalía General de Aguascalientes no ha emitido un comunicado público sobre el caso. La controversia ocurre mientras el gobierno estatal busca atraer nuevas inversiones extranjeras y sostiene como uno de sus principales argumentos la existencia de seguridad jurídica para las empresas.
El caso coloca bajo escrutinio la actuación del Ministerio Público y abre preguntas sobre la procedencia de judicializar una denuncia cuya presentación es señalada como extemporánea, así como sobre la posible duplicidad de investigaciones.
La Fiscalía deberá aclarar públicamente los fundamentos jurídicos que sustentaron su determinación y garantizar que el proceso se conduzca bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.