El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, no se presentó este martes a la audiencia judicial programada para revisar si cumplió con las condiciones establecidas para suspender el proceso penal en su contra por el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez.
La tragedia sucedió el 27 de marzo de 2023 y dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos, 27 personas heridas y 15 mujeres sobrevivientes que, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, aún no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano.
Minutos antes de que comenzara la audiencia, Garduño solicitó al tribunal participar de manera virtual. Sin embargo, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón rechazó la petición y señaló que, debido a la gravedad del caso, el exfuncionario debía presentarse de manera presencial.
La audiencia tenía como objetivo revisar el cumplimiento de las condiciones que fueron impuestas a Garduño para mantener la suspensión condicional del proceso penal. Después de que no acudió, el juzgador decidió no establecer una nueva fecha de manera inmediata y turnó el trámite al Órgano de Administración del Poder Judicial de la Federación para que se determine la reprogramación.
Los representantes legales de las víctimas cuestionaron la ausencia del excomisionado y consideraron que se trató de una falta de respeto hacia las personas que murieron, los sobrevivientes y sus familias. También solicitaron que Garduño fuera sancionado por no acudir a la audiencia. Ante esta petición, el juez indicó que en una próxima ocasión podría aplicarse una multa conforme al artículo 104, fracción I, de la legislación correspondiente.
El proceso penal que enfrenta Garduño corresponde a la causa 237/2023, iniciada por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. El exfuncionario busca que la causa penal sea suspendida de manera definitiva después de cumplir con las condiciones establecidas por el juez. El 24 de enero de 2025, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón aprobó la suspensión condicional del proceso por un periodo de 18 meses. Entre las medidas establecidas se encontraba ofrecer una disculpa pública, concluir la entrega de compensaciones económicas y dar seguimiento al fideicomiso destinado a la atención médica, psicológica y tanatológica de las víctimas en sus países de origen.
También se estableció la obligación de supervisar de manera trimestral las estancias migratorias, como parte de las condiciones para evitar que ocurrieran hechos similares. Mientras la audiencia se desarrollaba, ciudadanos y organizaciones se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez. Los inconformes rechazaron la posibilidad de que el proceso contra Garduño sea extinguido.
Los manifestantes señalaron que existen dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos y denunciaron que algunas familias todavía no reciben la atención médica que se había prometido. Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la IBERO, Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) también expresaron su preocupación por la situación.
En un comunicado, las organizaciones calificaron la ausencia de Garduño como una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias. Además, señalaron que continuarán acompañando a los sobrevivientes y familiares en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral del daño. La falta de una nueva fecha mantiene pendiente la definición sobre el futuro del proceso penal, mientras familiares y organizaciones continúan exigiendo que la tragedia migratoria no quede en la impunidad.