La investigación ministerial efectuada por el operativo realizado en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato, entró en una etapa de revisión documental y peritajes para determinar la procedencia y legalidad de los 59 millones de litros de combustible localizados en 10 tanques.
Según los peritajes, las instalaciones aseguradas funcionan como una terminal de almacenamiento y despacho, por lo que el inmueble no sería propietario del hidrocarburo que permanece bajo resguardo.
El combustible compuesto por gasolina regular, premium y diésel, sería propiedad de empresas internacionales que cuentan con permisos para operar en México, entre ellas Shell, ExxonMobil y Marathon Petroleum. Estas compañías utilizan la terminal como punto de almacenamiento y distribución para abastecer estaciones de servicio en Guanajuato y entidades cercanas.
La investigación deberá disponer si los productos almacenados cuentan con la documentación correspondiente para acreditar su ingreso y comercialización legal en el país.
Fuentes del sector energético y periodistas que han dado seguimiento al caso han señalado que, no se ha presentado evidencia que relacione el cargamento con actividades de huachicol. Recordaron que la terminal tuvo un papel relevante en el desabasto de combustible registrado en 2019.
Especialistas indican que el aseguramiento pudo resultar de una interpretación o actuación incorrecta de un funcionario del gobierno de Guanajuato, aunque este aspecto deberá ser definido por los organismos estatales.
El caso se originó en julio, luego de una revisión realizada en el municipio de San Luis de la Paz. Ahora, será el Ministerio Público Federal el encargado de proceder la situación jurídica del combustible conforme las empresas involucradas presenten facturas, contratos de almacenamiento y pedimentos aduanales que garanticen acreditar su procedencia.