
Más de 50 mil personas acompañaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, durante el encuentro “Honestidad y Resultados”, en el que se presentaron inversiones y proyectos estratégicos para fortalecer el agua, la energía, la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura y el bienestar de las familias bajacalifornianas.
Entre los proyectos de mayor alcance destaca la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, considerada estratégica para fortalecer el suministro de agua potable en la entidad y que contempla una inversión global de 12 mil 500 millones de pesos.
La obra forma parte de la agenda hídrica para Baja California, junto con el saneamiento del Río Tijuana y la tecnificación del Distrito de Riego 014 Río Colorado, además de estar considerada entre los proyectos prioritarios del Plan Nacional Hídrico.
Durante la asamblea, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció las gestiones realizadas por la gobernadora Marina del Pilar para concretar el proyecto de la planta desalinizadora, al señalar que desde el inicio de su administración estatal planteó la necesidad de contar con una nueva fuente de abastecimiento para la región.
“Marina estuvo desde que llegó a la gubernatura en el 21, cada vez que nos veíamos me dijo: lo más urgente en Baja California es agua para Tijuana, para Rosarito y creemos que lo que se debe hacer es una desaladora, es la mejor opción”, expresó la Presidenta.
Sheinbaum Pardo añadió que, desde el Gobierno de México, se asumió el compromiso de impulsar la obra y adelantó que la gobernadora colocará próximamente la primera piedra de la desaladora.
Por su parte, Marina del Pilar Avila Olmeda agradeció el respaldo de la presidenta de México y la coordinación entre ambos gobiernos para avanzar en proyectos que durante años habían sido planteados como necesidades prioritarias para las comunidades de Baja California.
“Por eso hoy quiero decirle, a nombre de las y los bajacalifornianos: gracias. Gracias por mirar hacia nuestra tierra y por acompañarnos en la solución de problemas que durante muchos años parecían difíciles de resolver. Pero sobre todo, gracias por algo que quizá sea todavía más importante: por estar siempre presente”, manifestó.
Infraestructura y movilidad
La agenda de inversión federal contempla también infraestructura estratégica para la entidad, entre la que destaca el Viaducto Elevado de Tijuana, con una longitud de 11.4 kilómetros, así como la modernización del Puerto de Ensenada para el sector pesquero, la construcción de seis Caminos Artesanales, trabajos de conservación de la red carretera y acciones de modernización en el Aeropuerto de San Felipe.
De acuerdo con la agenda presentada, la movilidad, el agua y la infraestructura educativa se encuentran entre los proyectos prioritarios para los siete municipios de Baja California.
En materia energética, se contempla la Central de Ciclo Combinado González Ortega, en Mexicali, con una inversión de 646 millones de dólares y una capacidad de generación de 641 megawatts.
A ello se suman 5 mil 134 sistemas fotovoltaicos mediante el programa Techos Solares para el Bienestar, con un presupuesto de 2 mil 330 millones de pesos, orientado a ampliar el acceso a alternativas de generación de energía.
Salud y educación
En el sector salud se fortalecen los servicios y la infraestructura en municipios como Tijuana, Ensenada, San Quintín, San Felipe, Playas de Rosarito y Mexicali, con acciones destinadas a ampliar la atención para la población.
En educación, entre los proyectos destaca la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana, que cuenta con 2 mil 150 estudiantes matriculados, además de nuevos espacios y ampliaciones de planteles de educación media superior para atender la demanda de las juventudes del estado.
El Gobierno Federal también ha planteado acciones de ampliación de infraestructura hospitalaria y educativa en diferentes regiones de Baja California.
Vivienda y programas sociales
La estrategia presentada contempla una meta de 80 mil 880 viviendas, así como la reestructuración de créditos en beneficio de 238 mil 317 familias.
También se incluyen acciones correspondientes al Plan de Justicia para las y los trabajadores agrícolas de San Quintín y para los pueblos yumanos, además de programas sociales como pensiones, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra y apoyos productivos.
La presentación de estos proyectos refleja la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para atender necesidades relacionadas con el abastecimiento de agua, infraestructura, energía, salud, educación, vivienda y bienestar social.
Con esta agenda, autoridades federales y estatales plantearon una estrategia de inversión pública enfocada en ampliar derechos, fortalecer servicios y generar mayores oportunidades para las familias de Baja California.