Tras la captura del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano alias “Quetu” la seguridad pública quedó temporalmente bajo responsabilidad del estado y, al mismo tiempo, el Ayuntamiento aún no define quién asumirá las funciones de la Presidencia Municipal.
La captura sucedió el miércoles 23 de septiembre durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales. La Fiscalía y el Gabinete de Seguridad lo señalan por presunta participación en una estructura criminal relacionada con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
La Policía Estatal toma el control de la seguridad
Después de la captura, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que la Policía Estatal asumirá las tareas de seguridad pública en Juchitán.
“Se están investigando a otras autoridades, a los mismos integrantes de Juchitán”, declaró el mandatario, quien afirmó que existen investigaciones contra otros servidores públicos y alcaldes.
La decisión ocurre en un municipio que desde hace tiempo enfrenta problemas de violencia y extorsión. Apenas el 11 de septiembre, durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Oaxaca, el diseñador Elvis Guerra pidió públicamente apoyo federal después de denunciar amenazas y un ataque armado contra su domicilio en Juchitán.
La intervención estatal ocurre, por tanto, mientras continúan las investigaciones sobre la presunta estructura criminal que las autoridades ubican en la región.
Juchitán también busca quién ocupará la Presidencia
Mientras la investigación penal avanza, se mantiene la duda de quién ejercerá las funciones del Ayuntamiento.
Mariano Rosado López, registrado como suplente de Sánchez Altamirano en la planilla Morena-PVEM-Nueva Alianza Oaxaca que ganó las elecciones municipales de 2024, no ha aparecido públicamente después de la detención del alcalde.
Rosado informó que su domicilio fue cateado durante el operativo y aseguró que presentaría una denuncia para conocer las razones del procedimiento. También afirmó haber recibido amenazas desde su participación en la administración pública. Hasta el momento no hay confirmación oficial de su detención así como tampoco el comunicado del Gabinete de Seguridad lo incluyó entre las personas capturadas.
La ausencia de una definición adquiere importancia porque el Ayuntamiento necesita mantener la continuidad de sus funciones mientras se determina la situación de Sánchez Altamirano.