El presunto hallazgo de alrededor de mil 600 dientes de leche en un predio de Zacapu, Michoacán, volvió a poner sobre la mesa las diferencias que existen entre los hallazgos reportados por colectivos de búsqueda y la información que aparece en los registros oficiales.
La denuncia fue realizada por Margarita López Pérez, madre buscadora y fundadora del colectivo Buscando Cuerpos, quien aseguró que desde 2021 integrantes de su organización han localizado cientos de piezas dentales que presuntamente pertenecerían a niñas y niños. De acuerdo con la información difundida por la Universidad Iberoamericana, el predio donde supuestamente fueron encontrados los dientes también tendría un crematorio artesanal. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial ni pericial pública que determine el origen o las características de las piezas.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el 24 de septiembre que no cuenta con registro del hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores de edad en Zacapu. Esta diferencia entre lo señalado por la madre buscadora y lo informado por las autoridades generó nuevamente cuestionamientos sobre la forma en que se documentan las fosas clandestinas y los restos encontrados en el país. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH IBERO) señaló que México todavía no cuenta con información homogénea y suficientemente actualizada para conocer con precisión la cantidad de fosas clandestinas localizadas y dar seguimiento a los restos recuperados.
En su informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), el programa encontró diferencias entre los datos proporcionados por las fiscalías y los hallazgos registrados por medios de comunicación. Según el estudio, entre 2006 y 2024 las fiscalías reportaron 5 mil 152 fosas clandestinas y 5 mil 718 cuerpos exhumados. En cambio, el monitoreo de medios realizado por el PDH IBERO identificó 3 mil 516 fosas y 8 mil 341 cuerpos durante el mismo periodo.
Esto significa que, aunque las fiscalías registraron un número mayor de fosas que los medios, la información periodística documentó 2 mil 623 cuerpos más que las autoridades. El informe también encontró diferencias importantes en estados como Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco. Michoacán también aparece entre las entidades con mayor cantidad de cuerpos documentados en fosas clandestinas durante los 18 años analizados. En la lista presentada por el PDH IBERO, Jalisco ocupa el primer lugar, seguido por Guerrero, Sonora, Guanajuato y Michoacán.
El informe señala además que las fosas clandestinas no solamente se encuentran en lugares alejados. El 73 por ciento de los espacios registrados por medios corresponde a predios, inmuebles privados y caminos. También se han documentado hallazgos en terrenos de cultivo, barrancas, cerros, pozos y zonas cercanas a cuerpos de agua, así como en lugares de uso cotidiano. Otro problema señalado por el programa es lo que ocurre después de localizar restos humanos. Las investigadoras Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno plantean la necesidad de contar con registros especializados, interoperables y actualizados que permitan conocer el recorrido de los restos desde su recuperación hasta su identificación.
El informe estima que alrededor de 83 mil restos humanos permanecen sin identificar en Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país. Por ello, el caso de Zacapu vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de que los hallazgos sean documentados y verificados por las autoridades correspondientes. La naturaleza y las dimensiones del presunto hallazgo de los dientes deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.