A ocho meses de la desaparición de 10 trabajadores relacionados con la minera Vizsla Silver en el municipio de Concordia, Sinaloa, sus familiares continúan exigiendo respuestas y señalan a la empresa por presuntamente no presentar una denuncia formal y no entregar información que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado ingresó al campamento habitacional conocido como La Clementina y privó de la libertad a 10 trabajadores vinculados con el proyecto minero. Entre las víctimas se encontraban ingenieros, geólogos y personal administrativo. Con el paso de los meses, nueve de los trabajadores fueron localizados sin vida. Sin embargo, el ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez continúa desaparecido, por lo que su familia mantiene la exigencia de que las autoridades continúen con las labores de búsqueda y esclarezcan su paradero.
Durante una conferencia de prensa, el abogado de las familias, Ricardo Espinoza Valdez, señaló que Vizsla Silver no habría presentado una denuncia formal por la desaparición y muerte de sus trabajadores, pese a que formaban parte de su plantilla. De acuerdo con los familiares, esta situación también ha generado dudas sobre la información que la empresa ha proporcionado a las autoridades. Señalaron que existen datos que podrían ser importantes para la investigación, como videograbaciones, registros de GPS, teléfonos corporativos, correos electrónicos y otros documentos relacionados con las actividades de los trabajadores.
Los familiares solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) requiera directamente a la compañía toda la información disponible para conocer qué ocurrió antes, durante y después de la desaparición de los empleados. Otro de los señalamientos está relacionado con las condiciones de seguridad en las que trabajaban los mineros. El abogado de las familias aseguró que antes de la desaparición existieron al menos 12 incidencias de seguridad en la zona.
Entre estos antecedentes, mencionó un hecho ocurrido en abril de 2025, cuando, según su versión, la empresa reconoció que las condiciones de seguridad no eran adecuadas para que los trabajadores continuaran realizando sus actividades. Posteriormente, los empleados habrían regresado al lugar. Los familiares consideran necesario investigar si la empresa cumplió con los protocolos de seguridad correspondientes y si existieron advertencias previas sobre los riesgos de trabajar en esa región de Sinaloa.
Además, solicitaron la intervención de las autoridades laborales para revisar las condiciones en las que se encontraban los trabajadores y determinar si se cumplieron las obligaciones correspondientes en materia de seguridad. El caso también continúa bajo investigación de autoridades federales. Las familias buscan que las recientes detenciones de personas presuntamente relacionadas con los hechos sean consideradas dentro de las indagatorias para establecer cómo ocurrió la desaparición de los trabajadores y quiénes participaron.
A ocho meses de los hechos, las familias siguen esperando respuestas. Mientras nueve trabajadores ya fueron localizados sin vida y uno continúa desaparecido, sus familiares piden que se entregue toda la información disponible y que se investiguen tanto la actuación de los responsables de la desaparición como las posibles omisiones relacionadas con la seguridad de los trabajadores. El caso permanece abierto y la principal exigencia de los familiares es conocer qué ocurrió con los 10 trabajadores y obtener justicia para las víctimas.