La ex presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, rechazó los señalamientos del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien la señaló públicamente por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca.
En un posicionamiento público, Bárcenas negó haber tenido relación con organizaciones o células delictivas y apeló a su derecho de réplica y a la presunción de inocencia.
“Niego rotundamente tener o haber tenido nexo alguno con delincuencia organizada o célula delictiva”, sostuvo.
Afirmó que su gobierno había advertido previamente a autoridades de Puebla sobre la presunta relación de una autoridad municipal con grupos criminales e identificó a Bárcenas. También vinculó esos señalamientos con delitos como asaltos, extorsiones y robos que afectaban a comerciantes y transportistas en la carretera federal 190.
De acuerdo con el gobernador, esos delitos disminuyeron después de la salida de la exalcaldesa. Sin embargo, durante sus declaraciones no presentó públicamente una carpeta de investigación, resolución judicial o elemento ministerial específico que acreditara individualmente la acusación contra Bárcenas.
La exfuncionaria también rechazó que una eventual reducción de los delitos pudiera atribuirse a su salida del Ayuntamiento. Explicó que durante su administración la seguridad pública municipal estuvo bajo responsabilidad del Gobierno de Puebla y de la Secretaría de Marina.
“El crimen organizado no operó conmigo, sino en mi contra”, afirmó.
Bárcenas aseguró que durante su gestión recibió amenazas de muerte, enfrentó presiones al interior del Cabildo y fue víctima de un ataque con un artefacto explosivo en su domicilio.
Puebla mantiene investigaciones
El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que continúan abiertas investigaciones relacionadas con servidores públicos y representantes que formaron parte del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio.
Explicó que las mesas de inteligencia detectaron indicios sobre la intención de un grupo delictivo de avanzar en el municipio y ocupar espacios dentro de la estructura del gobierno local.
Las investigaciones continúan y, en su caso, corresponderá a las autoridades competentes determinar responsabilidades individuales. La existencia de indagatorias o indicios no representa por sí misma una determinación de responsabilidad penal.
Bárcenas dejó la presidencia municipal en septiembre, después de presentar su renuncia junto con integrantes del Cabildo. Posteriormente se avanzó en la instalación de un Concejo Municipal para asumir las funciones del Ayuntamiento.
Los señalamientos contra la exalcaldesa se producen en un contexto de cuestionamientos a autoridades municipales de Oaxaca a raíz del caso de Juchitán de Zaragoza.
El entonces presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido por acusaciones relacionadas con extorsión y delitos contra la seguridad del Estado. Después de su captura, el gobernador Jara solicitó al Congreso de Oaxaca la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán.
El Congreso local aprobó la medida por unanimidad y posteriormente fue designado un comisionado municipal. Las investigaciones han puesto bajo escrutinio los presuntos vínculos entre estructuras delictivas y autoridades municipales en el Istmo de Tehuantepec.
La vinculación a proceso de Sánchez Altamirano no equivale a una sentencia condenatoria y el procedimiento penal continúa.
PT lleva cuestionamientos al Senado
Los cuestionamientos al gobierno de Jara también llegaron al ámbito federal. Legisladores del Partido del Trabajo solicitaron al Senado de la República analizar hechos que, desde su perspectiva, podrían configurar una eventual desaparición de los poderes constitucionales en Oaxaca.
La petición fue presentada por los diputados federales Maribel Martínez Ruiz y José Alejandro López Sánchez, junto con el dirigente del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, y el legislador local Dante Montaño.
En la conferencia en la que expusieron la solicitud se plantearon señalamientos relacionados con la situación política, municipal y social de Oaxaca, para que fueran analizados por las instancias correspondientes.