La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta desde 2020 un proceso judicial federal y cuyas principales acusaciones se han debilitado en los tribunales, difundió constancias sobre la inexistencia de los delitos imputados en su contra.
De igual forma, constancias judiciales y resoluciones firmes en favor de sus presuntos coacusados sustentan el argumento de su defensa.
Documentos oficiales confirman que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no mantiene ninguna ficha roja activa en contra del exmandatario.
Asimismo, las sentencias dictadas por el Poder Judicial de la Federación han desestimado los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero contra las personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) como los operadores de la supuesta red financiera del político panista.
A pesar de las resoluciones que han dejado sin materia los delitos de mayor gravedad, voceros del partido oficialista y diversas autoridades federales mantienen una narrativa pública en la que se le cataloga como prófugo de la justicia, aun cuando la FGR no ha solicitado formalmente un nuevo mandamiento internacional de captura.
Resoluciones judiciales exoneran la vía de la FGR
La investigación penal por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones financieras avanzó de manera paralela a una confrontación mediática. Sin embargo, en el terreno estrictamente legal, los juzgados de amparo y los tribunales colegiados determinaron que no existían elementos objetivos para procesar a los presuntos implicados en la causa penal 139/2021.
Los empresarios Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Támez Arellano, acusados por la FGR de ser las piezas clave en el esquema financiero atribuido a García Cabeza de Vaca, fueron formalmente exonerados por el Poder Judicial.
Reséndez Cantú fue detenido en Estados Unidos en julio de 2021 y recluido en el penal del Altiplano. En abril de 2023, un juez federal decretó su libertad y la no vinculación a proceso al considerar insuficientes los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal.
En la página 49 de la resolución dictada en la causa penal citada, los magistrados determinaron que la fiscalía intentó ligar al empresario con organizaciones criminales mediante conjeturas, sin que existiera ningún dato de prueba objetivo. Además, se constató que ninguna de las empresas del señalado se encuentra catalogada como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS).
El juez de control determinó además que la imputación de la FGR —respecto a que García Cabeza de Vaca legisló como senador para posteriormente beneficiar a empresas locales como gobernador— carecía de sustento probatorio (Página 50). Dicha resolución fue ratificada por unanimidad por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.
Por su parte, Juan Francisco Támez Arellano obtuvo suspensiones definitivas y amparos que cancelaron la orden de aprehensión en su contra. Para octubre de 2023, los tribunales federales confirmaron que la teoría del caso de la FGR se había quedado sin materia al no comprobarse las conductas delictivas de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al caerse judicialmente el supuesto esquema financiero operado por los coacusados, la defensa del exgobernador señala que mantener vigentes las acciones en contra de Cabeza de Vaca carece de base legal y responde a motivaciones de índole política para frenar sus aspiraciones públicas.
El debate por el desafuero y la actuación de la SCJN
El origen de la disputa institucional comenzó en febrero de 2021, cuando la FGR presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia contra el entonces gobernador en funciones.
No obstante, el Congreso de la Unión únicamente autorizó el procesamiento por el delito de defraudación fiscal equiparada, descartando la delincuencia organizada. Pese a esa acotación legislativa, la FGR procedió a solicitar mandamientos de captura por la totalidad de los delitos originales.
Ante esto, el Congreso del Estado de Tamaulipas ejerció su facultad constitucional y rechazó homologar el desafuero, decisión que posteriormente validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al determinar que García Cabeza de Vaca conservaba su inmunidad procesal local hasta el término de su mandato.
La defensa ha documentado que durante el proceso, la representación de la FGR interpuso recusaciones en cuatro rondas consecutivas contra 12 magistrados federales con el fin de retrasar las resoluciones del caso.
Posteriormente, tras la reconfiguración de la SCJN, el máximo tribunal atrajo de manera inusual los amparos del exgobernador cuando este ya no ostentaba ningún cargo público, turnando los expedientes a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Esto derivó en la revocación de las protecciones constitucionales que previamente se le habían otorgado por unanimidad en tribunales colegiados.
Acciones políticas y electorales
En el ámbito político, los señalamientos de la defensa respecto al uso del aparato del Estado cobran fuerza con las impugnaciones impulsadas por representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2024.
Registros en plataformas oficiales y redes sociales evidenciaron reuniones de dirigentes partidistas con autoridades jurisdiccionales orientadas a revocar la candidatura del panista a una diputación federal plurinominal, argumentando una condición de prófugo que los amparos contradicen.
Asimismo, analistas constitucionales han señalado que iniciativas de reforma recientes dirigidas a limitar los derechos políticos de ciudadanos con doble nacionalidad presentan características que impactan directamente el perfil del exmandatario tamaulipeco, quien ha manifestado formalmente su intención de competir en el proceso electoral presidencial de 2030.
Hasta la fecha, ninguna autoridad judicial mexicana o de los Estados Unidos ha emitido una sentencia condenatoria ni ha presentado vínculos probados de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con organizaciones criminales, a diferencia de los señalamientos públicos y expedientes abiertos que pesan sobre diversos actores de la administración pública vigente.