A casi seis años de los asesinatos ocurridos en Camargo, Tamaulipas, las investigaciones continúan con la detención de antiguos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una corporación policial creada durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La captura más reciente fue la de Berenice “N”, señalada por su probable participación en el homicidio calificado de 19 personas, entre ellas 17 migrantes centroamericanos y dos mexicanos.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra la exagente el 26 de octubre, en la colonia Albañiles, en el municipio de Altamira. La detenida quedó a disposición de la autoridad judicial, aunque la información oficial no detalló qué participación específica se le atribuye en los hechos.
El caso se remonta al 22 de enero de 2021, cuando fueron encontrados 19 cuerpos baleados y calcinados dentro de una camioneta Chevrolet Silverado abandonada en el ejido Santa Anita, en Camargo. En el lugar también fue localizada una Toyota Sequoia incendiada. Las víctimas eran 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos que transitaban por territorio nacional con la intención de llegar a Estados Unidos.
Una corporación creada para combatir al crimen
Los GOPES fueron presentados oficialmente el 7 de agosto de 2020, durante la administración de Cabeza de Vaca, como una fuerza de élite destinada a enfrentar a organizaciones criminales y atender operaciones de alto riesgo.
La unidad había sido creada mediante un decreto publicado el 8 de julio de ese año, a propuesta del entonces gobernador, como parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. El proyecto contemplaba autonomía técnica, operativa y de gestión, además de personal especializado y equipamiento para intervenir en situaciones consideradas de alta peligrosidad.
Durante su presentación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, el gobierno estatal anunció que la corporación contaría con 150 agentes entrenados, tres helicópteros, drones, binomios caninos, 25 vehículos blindados y bases en Reynosa y Ciudad Victoria.
En aquel acto, Cabeza de Vaca aseguró que su administración respondería con firmeza ante quienes atentaran contra la seguridad de la población. Sin embargo, meses después, integrantes de esa misma corporación quedaron vinculados con los asesinatos de Camargo.
Las investigaciones y las condenas
Las indagatorias sobre la masacre establecieron que policías estatales interceptaron los vehículos en los que viajaban las víctimas y participaron en el ataque. Durante el proceso judicial, uno de los agentes declaró que, después de un primer enfrentamiento, se dieron instrucciones para matar a quienes habían sobrevivido.
En la reconstrucción de los hechos también aparecieron los nombres de Horacio Rocha Nambo, comandante de los GOPES, y Mayra Elizabeth Santillana, coordinadora regional de la Policía Estatal, quienes ocupaban puestos de mando durante la administración panista.
Los investigadores documentaron, además, acciones posteriores para alterar la escena del crimen. En 2023, once policías fueron condenados a 50 años de prisión por los homicidios, mientras que otro recibió una sentencia de 19 años por delitos distintos.
Las actuaciones judiciales han continuado después de esas condenas. En septiembre de 2026 fue recapturado José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante de los GOPES vinculado con el expediente. La aprehensión de Berenice “N”, un mes después, representa un nuevo avance en las investigaciones, aunque todavía no se han detallado públicamente las acciones específicas que se le atribuyen.
Denuncias previas contra los GOPES
Antes de la masacre, la corporación ya enfrentaba señalamientos por presuntos allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza en municipios fronterizos de Tamaulipas.
En enero de 2021, habitantes de Ciudad Mier denunciaron incursiones violentas y la desaparición de dos personas, hechos que provocaron protestas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo también documentó señalamientos contra elementos de seguridad estatal.
Estas denuncias forman parte del contexto en el que operaba la corporación, aunque deben distinguirse de los hechos que fueron acreditados judicialmente en el caso de Camargo.
La reparación sigue pendiente
La detención de nuevos exintegrantes de los GOPES ocurre mientras las familias de las víctimas continúan reclamando el esclarecimiento completo de los asesinatos y la reparación de los daños sufridos.
En octubre de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 168VG/2024, en la que documentó violaciones graves al derecho a la vida, uso ilegítimo de la fuerza y afectaciones a los familiares, con especial atención a niñas y niños.
El organismo solicitó medidas de reparación integral, compensaciones económicas, atención médica y psicológica, así como acciones para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
En enero de 2026, al cumplirse cinco años de la masacre, la Fundación para la Justicia y organizaciones acompañantes denunciaron que seguían pendientes aspectos relacionados con la verdad, la justicia y la reparación integral. También insistieron en la necesidad de investigar la cadena de mando para esclarecer cómo se dieron las órdenes y quiénes tuvieron responsabilidad en los hechos.
Los GOPES fueron disueltos operativamente y sustituidos por las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal. En noviembre de 2024 se extinguió formalmente la estructura administrativa creada durante el gobierno de Cabeza de Vaca.
Hasta ahora, la información judicial referida en el caso no acredita la participación del exgobernador en los asesinatos. No obstante, los crímenes fueron cometidos por integrantes de una corporación que surgió durante su administración.
La nueva detención mantiene abiertas las actuaciones relacionadas con la masacre de Camargo. Para las familias, las condenas dictadas contra los policías representan una parte del proceso de justicia, pero todavía queda por esclarecer la totalidad de las circunstancias del ataque y garantizar la reparación integral que han reclamado.