A un año de que venció el plazo constitucional para expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal, el Congreso de la Unión sigue sin concretar la legislación que debía derivar de la reforma de 2024. Y el retraso ocurre bajo la conducción de un partido que durante años ha hecho de los animales una de sus principales banderas políticas: el Partido Verde Ecologista de México.
Las comisiones responsables de dictaminar la nueva ley en ambas Cámaras están presididas por legisladoras del PVEM. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales está encabezada por Gabriela Benavides Cobos; en el Senado, la comisión homóloga es presidida por Maki Ortiz Domínguez. Hasta ahora, ninguna de las dos ha logrado concretar el proyecto legislativo que exige la Constitución y cuya fecha límite fue el 1 de junio de 2025.
La falta de avances contrasta con la narrativa pública del partido. Durante años, el Verde ha construido una identidad política ligada a la protección animal a través de campañas, spots y propaganda electoral. Sin embargo, cuando llega el momento de traducir ese discurso en obligaciones jurídicas reales, la prioridad desaparece.
En medio del incumplimiento legislativo, la diputada Benavides Cobos presentó una nueva iniciativa de Ley General de Protección Animal. El proyecto simplemente busca una norma que debilitaría la protección constitucional aprobada el año pasado.
Uno de los puntos más cuestionados es la exclusión expresa de animales acuáticos explotados para consumo humano. La propuesta deja fuera de la ley general a peces y otras especies utilizadas por la industria acuícola, remitiendo su regulación a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, una norma diseñada principalmente para ordenar actividades económicas y productivas.
Esa exclusión contradice directamente el espíritu de la reforma constitucional de 2024. La Constitución no distingue entre especies “protegibles” y especies destinadas al aprovechamiento económico; el mandato de protección animal es general. La exclusión aparece únicamente en la iniciativa presentada por la diputada.
Las críticas también apuntan a la centralización de facultades de vigilancia y regulación en la Federación, particularmente respecto de animales utilizados para producción. Aunque la propuesta concentra competencias en autoridades federales, las instituciones encargadas carecen de capacidad operativa suficiente para supervisar una industria que en México involucra la explotación de 2 mil millones de animales cada año.
A ello se suma otro señalamiento: la iniciativa no reconoce de forma robusta las competencias estatales en materia de protección animal, pese a que algunas entidades ya han avanzado más rápido que la Federación. Estados como Hidalgo, Colima y Oaxaca cuentan actualmente con disposiciones específicas sobre bienestar animal que podrían verse debilitadas frente a un esquema excesivamente centralizado.
El trasfondo político de la discusión también ha comenzado a generar cuestionamientos. El caso refleja una tendencia recurrente en la política mexicana: utilizar a los animales como símbolo electoral sin asumir el costo político de impulsar regulaciones sólidas cuando éstas afectan intereses económicos concretos.
Desde hace meses, académicos, veterinarios, especialistas y organizaciones de protección animal han participado en mesas técnicas, foros y ejercicios parlamentarios para construir propuestas legislativas. Los diagnósticos jurídicos y científicos ya existen. Lo que sigue pendiente es la voluntad política para traducirlos en una legislación efectiva, principalmente de quienes tienen la facultad y la obligación de dictaminar la ley.
Por ahora, el plazo constitucional vencido y la falta de consensos mantienen congelada una de las reformas más relevantes en materia de protección animal en México. Congelada en el escritorio de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.