La victoria electoral más estrecha suele ser también la más difícil de gobernar. Perú acaba de confirmarlo. Tras semanas de revisión de actas, impugnaciones y tensión política, la autoridad electoral declaró vencedora a Keiko Fujimori por apenas 49 mil 641 votos sobre Roberto Sánchez, una diferencia de apenas 0.27 por ciento. La ley resolvió la contienda; la política apenas comienza.
Más que una presidenta electa, Perú tiene hoy el retrato de una nación partida en dos. El resultado no expresa un respaldo contundente a un proyecto de gobierno, sino la coexistencia de dos visiones de país prácticamente empatadas. Esa realidad convierte al próximo sexenio en una prueba para la capacidad de diálogo, la estabilidad institucional y la madurez democrática.
El triunfo devuelve al centro del poder a una de las figuras más controvertidas de la política peruana. Keiko Fujimori ha construido durante años una base electoral sólida, pero también una resistencia igualmente consistente. Su apellido sigue evocando para unos un periodo de orden y crecimiento económico, mientras para otros representa un legado de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. Esa dualidad explica buena parte de la polarización que marcó la elección.
La campaña fue el reflejo de esa confrontación. Predominaron las descalificaciones, la desinformación y un clima de permanente confrontación que dejó poco espacio para el debate de propuestas. El país terminó votando más por el rechazo al adversario que por la adhesión a un proyecto nacional.
El dato verdaderamente preocupante no es el margen de la victoria, sino lo que revela. Ninguna fuerza política logró construir una mayoría social capaz de ofrecer gobernabilidad con amplitud. El respaldo obtenido es suficiente para asumir constitucionalmente la Presidencia, pero insuficiente para gobernar ignorando a la mitad del país.
Ahí comienza el verdadero desafío. Las campañas electorales pueden ganar votos apelando a la confrontación; los gobiernos sólo pueden sostenerse mediante acuerdos. La legitimidad jurídica nace de las urnas, pero la legitimidad política se construye todos los días mediante resultados, diálogo y capacidad para generar confianza.
Perú enfrenta ese reto en un contexto especialmente delicado. Durante los últimos años ha transitado por una profunda inestabilidad institucional, con presidentes destituidos, investigaciones judiciales, confrontaciones permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La incertidumbre política se ha convertido prácticamente en una constante.
Esa fragilidad institucional convierte esta elección en algo más que un cambio de gobierno. Es una oportunidad para corregir el rumbo o para profundizar una crisis que ya ha debilitado la capacidad del Estado para atender problemas urgentes como la inseguridad, el crecimiento económico, la pobreza y la generación de empleo.
También deja lecciones sobre la salud de las democracias latinoamericanas. Cada vez son más frecuentes las elecciones definidas por márgenes mínimos, producto de sociedades fragmentadas y electorados polarizados. El fenómeno no es exclusivo de Perú. Se repite, con distintos matices, en buena parte de la región, donde los extremos políticos suelen imponerse sobre las posiciones moderadas.
En ese escenario, gobernar exige mucho más que administrar una victoria electoral. Requiere reconocer que casi la mitad de los ciudadanos respaldó una opción distinta y que ese sector no puede ser tratado como un enemigo político permanente. Ignorar esa realidad sólo alimentaría nuevas tensiones.
El prolongado proceso de validación de los resultados también dejó enseñanzas. Aunque el sistema electoral permitió revisar cada una de las impugnaciones y ofrecer certeza jurídica al resultado final, la demora alimentó especulaciones, cuestionamientos y un ambiente de incertidumbre que terminó por aumentar la crispación social. En democracias polarizadas, incluso los tiempos administrativos pueden convertirse en factores de conflicto cuando la confianza institucional es limitada.
Ahora corresponde cerrar la etapa electoral, pero eso no significa que las heridas hayan desaparecido. La división permanece y acompañará cada decisión del nuevo gobierno. Cualquier error, cualquier señal de exclusión o cualquier intento de imponer una agenda sin consensos encontrará una oposición fortalecida por el estrechísimo resultado.
La experiencia internacional demuestra que los gobiernos surgidos de elecciones tan cerradas suelen enfrentar una disyuntiva. Pueden administrar el poder desde la lógica de la revancha, profundizando la confrontación, o asumir que el mandato ciudadano exige construir puentes con quienes votaron distinto. El primer camino suele producir parálisis política; el segundo demanda liderazgo, paciencia y una voluntad genuina de conciliación.
La oposición también tiene una responsabilidad ineludible. Fiscalizar al gobierno, señalar errores y proponer alternativas fortalece la democracia. Convertir cada decisión en motivo de bloqueo institucional sólo prolongaría el ciclo de inestabilidad que ha caracterizado a Perú durante los últimos años.
Las cifras de esta elección pasarán a la historia por su estrechez, pero deberían recordarse por algo más importante: evidencian que las sociedades contemporáneas son cada vez más difíciles de representar desde posiciones absolutas. Gobernar para una sola mitad del país equivale a renunciar, desde el primer día, a construir estabilidad.
Keiko Fujimori ganó la elección. Eso ya nadie lo discute. Lo que todavía está por demostrarse es si podrá convertir una victoria mínima en un gobierno capaz de reconciliar a un país profundamente dividido.