La industria cementera en México enfrenta un escenario marcado por presiones regulatorias, fiscales y comerciales que podrían impactar la competitividad de los productores nacionales y el ritmo de inversiones destinadas a reducir emisiones y avanzar hacia una economía circular.
Uno de los principales retos para el sector es la aplicación de impuestos ambientales estatales relacionados con la extracción y procesamiento de materiales. De acuerdo con representantes de la industria, estos gravámenes representan una carga adicional para la producción y podrían trasladarse a la cadena de valor, con posibles efectos en el precio de los materiales para construcción.
José María Barroso, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), señaló que estos esquemas fiscales también podrían desincentivar proyectos relacionados con el aprovechamiento de residuos industriales y el uso de combustibles alternos.
Las empresas cementeras han destinado recursos a este tipo de iniciativas como parte de sus estrategias para reducir emisiones y cumplir con objetivos ambientales de largo plazo. Sin embargo, el sector considera que una mayor carga fiscal podría limitar la capacidad de continuar invirtiendo en estas tecnologías.
Preocupan importaciones de Asia
A las presiones regulatorias se suma el incremento en la entrada de clínker y cemento procedentes de países asiáticos.
Según la industria, estos productos llegan al mercado mexicano a precios considerablemente menores, lo que genera preocupación entre los productores nacionales por las condiciones de competencia y los estándares aplicables a las mercancías importadas.
Ante esta situación, integrantes de la CANACEM han mantenido conversaciones con la Secretaría de Economía para revisar las condiciones del mercado y analizar mecanismos que permitan garantizar condiciones de competencia equitativas para los fabricantes nacionales.
Alertan por “cemento huachicol”
Otro problema que preocupa a los fabricantes es la comercialización de cemento adulterado o de procedencia irregular, conocido dentro del sector como “cemento huachicol”.
Esta práctica consiste, entre otras modalidades, en reutilizar envases de marcas reconocidas para comercializar materiales cuya composición y calidad no pueden ser verificadas. Estos productos suelen ofrecerse a precios inferiores a los del mercado formal.
La industria advierte que esta situación no sólo representa una afectación económica para los productores establecidos, sino que también puede generar riesgos para constructores y consumidores que desconocen las características reales del material utilizado en sus obras.
Los casos han sido detectados en distintas regiones del país y plantean nuevos desafíos en materia de inspección, trazabilidad y cumplimiento de las normas aplicables a la fabricación y comercialización del cemento.
Buscan hacer obligatorios los estándares de calidad
Frente a este panorama, la industria cementera plantea que las disposiciones relacionadas con la calidad de fabricación del cemento pasen de un esquema voluntario a requisitos obligatorios para todos los participantes del mercado.
El objetivo, de acuerdo con el sector, es fortalecer la trazabilidad de los productos, establecer estándares homogéneos y ofrecer mayor certeza a consumidores, constructores y desarrolladores.
La CANACEM considera que contar con reglas comunes para productores nacionales e importadores permitiría reducir las prácticas irregulares y fortalecer la seguridad y calidad de los materiales empleados en las obras.
El sector enfrenta así el reto de mantener su competitividad y, al mismo tiempo, continuar con inversiones vinculadas a la reducción de emisiones, el aprovechamiento de residuos y la transición hacia modelos de producción más sostenibles.