
Un movimiento destinado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco fue uno de los dos últimos movimientos que el grupo de Guadalupe Taddei realizó en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). El movimiento, luego de la salida de la consejera presidenta Paula Ramírez Höhne, quien renunció de forma irrevocable al cargo el 1 de julio de 2026, desencadenó el proceso de selección, a cargo del INE, y que finalmente recayó en Ernesto Santana Bracamontes.
El ya investido consejero presidente desde el 1 de octubre, Ernesto Santana presenta credenciales inmejorables, abogado por la UdeG, doctor en Derecho Electoral y maestro en Políticas Públicas, se encuentra al frente del OPLE de una entidad que no gobierno Morena y que, ante el frenético avance del morenismo en el país, se ha visto asediado de manera poco limpia.
Por ejemplo, la derrota clara en urnas de Morena y aliados en la elección del 2024 fue seguida por una cascada de ataques en redes en las que se aseguraba de un algoritmo malicioso en el Programa de Resultados Preliminares hasta la supuesta salida de boletas en bolsas de basura. La antecesora de Santana debió recibir protección de fuerzas de seguridad pública luego de amenazas anónimas.
Dos puntos han puesto sospechas sobre Santana Bracamontes y, en ambos casos, es posible que él sea el menos culpable. Una primera sospecha nace en el entorno de los funcionarios electorales que existen en el país. Forman un grupo de funcionarios que, a semejanza de los judiciales, suelen reconocer los grupos de poder que se anidan en los OPLEs.
Santana está marcada por su paso como ex secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que se dio en el contexto de una cercanía evidente con la magistrada Mónica Soto. El problema es que Soto fue la magistrada que generó inestabilidad y renuncias en la presidencia del Tribunal, llegando incluso a mostrar en redes sociales que no había asistido a actos oficiales del presidente del Tribunal en turno.
En agosto pasado, cuando Soto trató de iniciar una nueva revuelta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, terminó defenestrada, sin los apoyos morenistas que antes había logrado.
Esta primera duda sobre Santana parece injusta, ya que fuentes del propio Tribunal en el que fue secretario de acuerdos, refieren que él era el punto de contacto y negociación que mitigaba las posturas más radicales de Soto.
La segunda sospecha nace también sin su intervención luego del escándalo y caída del clan Taddei del Instituto Nacional Electoral. Jalisco es uno de los estados que más se mencionan como feudo de Hernández Casillas, el super contratista que generó el escándalo en el máximo órgano electoral del país.
En efecto las empresas de Hernández son recurrentes en las contrataciones del Instituto, pero difícilmente se puede hablar de casos en los que el propio contratista comandara las licitaciones del IEPC.
El posible error de Ernesto Santana hasta ahora al frente del IEPC Jalisco es uno muy común en los relevos de presidencias de este tipo: ha decidido o permitido la salida de personal de carrera que había darle solidez al Instituto.
El OPLE de Jalisco ha logrado hasta ahora transiciones ordenadas de poderes públicos en un contexto donde un partido muy fuerte, MC, compite contra otro emergente que ya es hegemónico a nivel nacional y que suele jugar muy duro, al punto de interferir con la imparcialidad de los órganos de gobierno.
El IEPC logró lo anterior a partir del fortalecimiento de la capacidad organizativa y técnica, así como de los apoyos de las áreas de capacitación que dan solidez a lo que se hace durante las jornadas electorales.
Ambos sectores del IEPC de Jalisco fueron descabezados a la llegada de Santana, probablemente bajo el reacomodo de fuerzas en el consejo general.
La capacidad de negociación de Santana saldrá a relucir a partir de ahora, cuando MC y Morena se enfrenten nuevamente en las urnas del 2027.