Ante los reportes de familias que aseguran haber presentado problemas de salud relacionados con el agua que reciben en sus hogares, el regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), respaldada por más de 120 mil firmas ciudadanas.
La denuncia solicita investigar posibles violaciones a los derechos humanos al acceso al agua potable y a la salud, además de promover la intervención urgente de las autoridades sanitarias para evaluar la situación y establecer medidas de protección para la población.
“Vamos a presentar una queja para efectos de que la comisión ya intervenga ante las autoridades sanitarias y se pueda decretar lo más pronto posible la alerta sanitaria”, declaró Martínez durante su visita al organismo.
En el documento se señala como presuntas autoridades responsables a la presidenta municipal de Guadalajara, al titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a la Secretaría de Salud Jalisco, a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL), así como a quienes resulten responsables.
Como parte de las pruebas se incorporaron fotografías, testimonios y reportes de ciudadanos que refieren padecimientos gastrointestinales, dermatitis, irritación ocular, infecciones y otras afectaciones que relacionan con el contacto y uso del agua suministrada en sus viviendas.
Entre los testimonios destaca el de un padre de familia del oriente de Guadalajara, quien reportó que su hijo, de seis años, presenta erupciones en el cuello y ronchas en la espalda. También se documentaron denuncias de habitantes que aseguran recibir agua de color oscuro y con olores desagradables, situación que ha generado preocupación por sus posibles consecuencias para la salud.
El regidor explicó que la intención de la queja no se limita a investigar las posibles omisiones de las autoridades, sino que busca impulsar acciones inmediatas para atender a las personas afectadas, establecer medidas preventivas y proporcionar información pública que permita reducir los riesgos sanitarios.
“Es decir, que se atienda a todas las personas afectadas con el agua puerca, que se establezcan medidas preventivas y de publicidad para evitar alguna enfermedad con motivo del agua puerca”, expresó.
La denuncia cuenta con el respaldo de dos campañas ciudadanas: “Sin Agua Limpia No Hay Pago”, que reunió 76 mil 461 firmas verificadas, y “Alerta Sanitaria Ya”, que acumuló 44 mil 347. En conjunto, ambas iniciativas alcanzaron 120 mil 808 firmas, de acuerdo con el corte del 19 de octubre de 2026.
Martínez destacó que la participación ciudadana permitió reunir evidencias y testimonios que ahora forman parte de la solicitud presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Esta queja que hoy estoy presentando lo hago también en representación de más de 120 mil personas que, gracias también a su firma y a su participación con motivo del agua puerca y lo que afecta en la salud de las personas, precisamente hoy está materializándose a través de esta queja”, manifestó.
Entre las solicitudes planteadas a la CEDHJ también se encuentra gestionar la coadyuvancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a que el caso podría tener implicaciones para la salud pública.
La queja fue recibida y registrada por personal del organismo estatal, que entregó el folio correspondiente e informó sobre el procedimiento para dar seguimiento al expediente.
Al concluir el trámite, el coordinador de los regidores de Morena en Guadalajara insistió en la necesidad de que las autoridades sanitarias intervengan y valoren la emisión de una alerta ante los reportes de afectaciones.
“Una alerta sanitaria muy necesaria, obligada, motivo de las afecciones que está teniendo las personas en Guadalajara y el contacto que tienen con el agua puerca”, sostuvo.
Con la presentación de esta queja, las denuncias ciudadanas y las más de 120 mil firmas quedaron incorporadas a una solicitud formal de investigación ante Derechos Humanos. Ahora, la exigencia se centra en que las autoridades competentes esclarezcan las condiciones del suministro de agua, determinen si existen responsabilidades y adopten medidas para proteger la salud de las familias tapatías.