Se acerca el final de la fiebre mundialista. Muchos mexicanos podrían preguntarse: ¿qué le hizo falta a México? ¿Qué faltó para alcanzar ese anhelado quinto partido? Habrá muchas respuestas sobre nuestro desempeño deportivo, pero más allá de la frustración futbolística existe una ausencia que duele infinitamente más: la de las más de 133 mil personas desaparecidas en nuestro país y el abandono que viven las madres buscadoras, incluso cuando intentaron aprovechar la atención internacional que generó el Mundial para visibilizar su causa.
En Jalisco hay miles de historias que permanecen inconclusas. No tienen cierre, no tienen justicia y no tienen respuestas. Son las historias de una madre que no deja de buscar, de un padre que sigue esperando o de una familia que ha aprendido a vivir con una ausencia que pesa todos los días.
Hablar de personas desaparecidas no es hablar únicamente de cifras, aunque estas sean devastadoras. Detrás de cada número hay un rostro, un nombre, una vida que importa. Y detrás de cada desaparición hay familias que han sido obligadas a asumir una responsabilidad que corresponde al Estado: buscar en campos, en fosas clandestinas y en lugares donde la esperanza parece extinguirse, muchas veces sin respaldo institucional.
Lo más grave es que esta crisis no ocurre por falta de advertencias. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han alertado que México enfrenta una situación crítica en materia de desapariciones. No es un señalamiento menor; es un llamado urgente para fortalecer las instituciones, mejorar las investigaciones y garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad. Sin embargo, el gobierno federal ha preferido minimizar la magnitud del problema y rechazar el acompañamiento internacional.
A ello se suma la preocupante actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debería ser una aliada de las víctimas y no una institución distante de sus reclamos. Las madres buscadoras no necesitan obstáculos ni descalificaciones; necesitan protección, acompañamiento y justicia.
La realidad es contundente. En los últimos años, el problema no solo no se ha resuelto, sino que se ha agravado. Las fosas clandestinas siguen apareciendo y, en demasiadas ocasiones, son los propios colectivos ciudadanos quienes las descubren antes que las autoridades. En Jalisco, a escasos 20 kilómetros del estadio donde Guadalajara fue sede mundialista, fueron localizadas alrededor de 400 bolsas con restos humanos. Ese hallazgo es un recordatorio doloroso de que, mientras el mundo miraba el fútbol, muchas familias seguían buscando a sus seres queridos.
Para dimensionar esta tragedia, bastaría imaginar que las más de 133 mil personas desaparecidas podrían llenar casi dos veces el Estadio Azteca. En Jalisco, las más de 16 mil personas desaparecidas equivaldrían a llenar diecisiete álbumes completos con rostros distintos. Pero ni los estadios ni los álbumes alcanzan para representar el vacío que deja una persona desaparecida en su familia y en su comunidad.
Frente a esta realidad, desde el Partido Acción Nacional impulsamos una reforma integral en materia de desaparición de personas. Nuestro objetivo es fortalecer la obligación permanente del Estado de buscar a cada persona desaparecida, garantizar recursos suficientes para esa labor, proteger a las familias y colectivos que participan en las búsquedas y reconocer plenamente el derecho de toda persona a ser buscada hasta ser localizada.
Esta iniciativa no nace del cálculo político. Nace del dolor de miles de familias que exigen algo tan elemental como verdad y justicia. Nace de escuchar a quienes durante demasiado tiempo han sido ignorados.
México no puede seguir normalizando la desaparición. No podemos acostumbrarnos a la ausencia ni resignarnos a la indiferencia. Gobernar significa asumir responsabilidades, responder a las víctimas y actuar con decisión.
Porque cuando el Estado falla, no solo desaparecen personas. También desaparece la confianza en las instituciones. Y esa es una pérdida que México ya no puede permitirse.