En agosto de 2024, tras cuatro días de enfrentamientos entre grupos criminales en Chicomuselo, Chiapas, 53 familias del barrio Galicias salieron hacia el municipio vecino de Siltepec. Según Protección Civil estatal, 35 recibieron alojamiento y las otras 18 se refugiaron en casas de familiares. Resulta interesante observar que escenas como esa, donde una comunidad completa huye y una autoridad la cuenta, son las que el país ha asociado con el desplazamiento forzado y las únicas para las que el Estado mexicano ha ensayado algo parecido a una respuesta: albergues, mesas de diálogo, promesas de retorno. Sin embargo, en ese mismo episodio, ya asomaba otra forma del fenómeno: la protección de esas 18 familias quedó, desde el primer día, a cargo de sus parientes y no de una institución.
Esa otra forma es la que la Encuesta Intercensal 2025, publicada por el INEGI el 22 de septiembre, obliga a tomar en serio. La encuesta registró, entre 2020 y 2025, 509.9 mil hogares con al menos un integrante obligado a cambiar de residencia por violencia o inseguridad. Aunque la misma encuesta no distingue cuántos salieron en grupo y cuántos por su cuenta, su magnitud ya no permite pensar el desplazamiento solo como éxodo. El Estado mexicano, en realidad, no ignoraba ese desplazamiento disperso: lo contaba, en parte, con otro nombre, y en la disputa por ese nombre se decide quién tiene derechos.
Hasta ahora, la fuente principal era el monitoreo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que registra a partir de la prensa episodios de al menos cinco familias o veinte personas. Su acumulado llegaba a 386 mil personas entre 2006 y 2022, unas 23 mil por año. Pero la Intercensal mide otra cosa: pregunta a cada vivienda si alguno de sus residentes tuvo que mudarse por violencia, sin importar si salió con su comunidad o por su cuenta, a otro estado o a otra colonia. Por eso las dos cifras no se restan ni se corrigen entre sí. El contraste de escala, con todo, permite una inferencia: el piso que fija la encuesta, al menos 510 mil personas en cinco años, supera las cien mil por año, varias veces lo que registran los episodios documentados. Buena parte del fenómeno ocurre, entonces, fuera de la forma que sabemos ver ‒la literatura lo llama desplazamiento por goteo.
Ese goteo no era invisible para el Estado. Entre las causas por las que alguien cambia de residencia, el Censo de 2020 incluyó la inseguridad delictiva o violencia, y por ese motivo migraron dentro del país alrededor de 262 mil personas entre 2015 y 2020. En esa clasificación la violencia figura junto a la reunificación familiar, el trabajo o el estudio, como un motivo más, y quien se muda por un motivo aparece como quien decidió hacerlo. La ENVIPE, del mismo instituto, le da a esa mudanza un segundo nombre al registrarla como medida para protegerse de la delincuencia. La Intercensal 2025 conserva la pregunta censal y añade un tercero, desplazamiento forzado, de modo que un mismo cuestionario puede consignar una mudanza dos veces, como decisión y como coerción. La diferencia no es semántica: a quien migra por inseguridad, el Estado lo trata como a cualquiera que eligió un domicilio nuevo, mientras que a quien fue desplazado los Principios Rectores de la ONU le reconocen protección, asistencia y soluciones duraderas, obligaciones que en México ninguna ley hace exigibles. El problema se produce antes de cualquier política, en la casilla donde se anota la respuesta.
De lo que se anote en esa casilla depende lo que encuentra la familia que huye por su cuenta. No llega a un albergue ni a una mesa de negociación, sino a un cuarto rentado, a la casa de una hermana, a una escuela que pide la boleta del ciclo anterior, a una clínica donde no está adscrita. Entra al sistema como inquilina, trabajadora o alumna, y en ninguno de esos registros consta lo que le ocurrió. El sistema le niega una figura que convierta su situación en un derecho reclamable en el lugar al que llegó.
La primera reacción del gobierno federal no se dirigió a ese vacío, sino a la medición. Al día siguiente de la publicación, la presidenta Sheinbaum pidió al INEGI conocer la pregunta exacta, puso a Guerrero como ejemplo de que se sumaban huracanes y violencia, y sugirió una encuesta específica. Preguntar de dónde salió y a dónde llegó cada hogar es legítimo; la mezcla de causas, en cambio, no toca la cifra central, porque el propio INEGI separó los 509.9 mil hogares afectados por violencia de los 151.9 mil por catástrofes. Pedir otra encuesta antes de usar la que ya existe es una forma de aplazar. Mientras tanto, la minuta de Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020, acaba de cumplir seis años sin dictamen en el Senado.
Esa ley tendría que pensarse también para el goteo y reconocer a la persona desplazada donde llega, no solo donde salió: un registro individual, escuela y salud sin documentos de origen, presupuesto para los municipios receptores que la propia encuesta permite ubicar. Desde septiembre, familias como las 18 que en Siltepec llegaron a casa de un pariente tienen un lugar en la estadística oficial. En la ventanilla de cualquier escuela o clínica siguen siendo personas que cambiaron de domicilio.
* Sociólogo. Especialista en violencia,
crimen organizado y seguridad. Doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania, y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Nivel II