Por falta de quórum, la Comisión Especial para la Atención de la Desaparición de Personas del Congreso no sesionó este jueves. Solo asistieron cuatro de nueve legisladores y por ello no hubo el número mínimo de personas para trabajar, informó la diputada de Futuro y presidenta de esta instancia, Tonantzin Cárdenas Méndez.
La sesión era importante porque se iba a aprobar la convocatoria a una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Hacienda Pública y con colectivos, familiares y víctimas indirectas de desaparición de personas, con la idea de reforzar el presupuesto para 2026 en las tareas de localización de personas.
Algunos de los diputados que faltaron a la sesión prefirieron acudir al informe del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.
“Éramos cuatro de nueve integrantes de la Comisión y no pudimos sesionar. Algo que iba a ser muy importante esta sesión es un acuerdo para reunirnos en una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda Pública, para que parte de las 50 acciones que trabajamos y se aprobaron, se vean reflejados en el próximo proyecto presupuestal”, explicó Tonantzin Cárdenas.
Sí acudieron a la sesión de la Comisión Especial, las legisladoras Candelaria Ochoa, Itzul Barrera, Valeria Ávila y la presidenta Tonantzin Cárdenas y no se presentaron los legisladores Alejandro Puerto, Aurelio Fonseca, Montserrat Pérez Cisneros, Omar Cervantes Rivera y Leonardo Almaguer.
“Todas y todos vivimos con el terror constante de salir y no poder volver a casa y entonces, creo que es una cuestión de humanidad, de empatía y que quienes hoy estamos en esta responsabilidad no atendamos a un llamado… entiendo que hay muchas actividades de todo mundo por los informes y demás, pero yo no entiendo y no logro ver cuál es la prioridad de un representante popular, si es desde este Poder Legislativo, legislar, que para eso nos pagan, o ir a los eventos sociales”, subrayó la diputada.
La petición que hará la Comisión legislativa es que, en la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión de Atención a Víctimas y otras áreas del gobierno estatal, se les otorgue seguridad social y las prestaciones laborales que exige la ley, debido a que el trabajo que realiza el personal es de alto riesgo y no cuentan con servicios de salud. Se les paga por honorarios.