En los últimos meses, hemos visto un fenómeno que produce preocupación: los tribunales electorales de diferentes estados están recibiendo denuncias y emitiendo sentencias por violencia política contra las mujeres. En principio, debería ser una buena noticia, pues esta forma de violencia es un hecho condenable que afecta a la sociedad en su conjunto, alejando a las mujeres de los cargos públicos que tenemos el derecho a ocupar.
Sin embargo, recientemente observamos una serie de denuncias que parecen más bien orientadas a callar críticas molestas para mujeres funcionarias o aspirantes a cargos de elección popular. Estas denuncias, ¿tienen un uso legítimo para defender sus derechos, o son más bien una estrategia para castigar a la prensa, a la sociedad civil o a adversarios políticos? Como en botica, hay de todo.
Primero, es importante señalar que la violencia política contra las mujeres es una realidad en México. Las mujeres son, en muchos casos, acosadas, discriminadas, ninguneadas o ridiculizadas para restarles poder y legitimidad.
Sin embargo, algunos ejemplos recientes muestran cómo se ha desvirtuado esta figura. Silvia Delgado García, recién elegida jueza en Chihuahua en las pasadas elecciones del Poder Judicial, fue abogada de Joaquín el Chapo Guzmán y varios periodistas revelaron este dato. Lógicamente, sociedad civil y medios replicaron y comentaron ampliamente la noticia, pero en mayo algunos de ellos fueron demandados por violencia política en razón de género, y el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua ha admitido la queja a trámite.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha logrado varias condenas judiciales contra distintos periodistas y sus medios por haber criticado su gestión, mientras que la actriz Laisha Wilkins, que comentó un hilo en X respecto de Dora Martínez, entonces candidata a la SCJN, y Karla Estrella, ama de casa, que señaló actos de nepotismo a la entonces candidata a diputada Diana Barreras, fueron sancionadas con fuertes multas y otros castigos como pedir disculpas por 30 días.
Hay que ser claros: esta figura no fue creada para reprimir la libertad de expresión, que incluye criticar y cuestionar a las mujeres funcionarias o aspirantes a cargos de elección popular. Las autoridades electorales deben saber eso y deben aplicar la ley con justicia. Las mujeres podemos y debemos ser cuestionadas cuando hacemos algo mal o simplemente porque se discrepa de lo hacemos. En un país con una Presidenta al mando, solo faltaría que no se pudiera debatir sobre sus decisiones o incluso recurrir a la ironía.
La realidad es que las sentencias señaladas están redactadas con una superficialidad escalofriante, demostrando el uso faccioso de la ley tanto de las autoridades electorales como de las personas que interponen las denuncias. Además, defenderse de estas acusaciones y sentencias tiene un elevado costo y las condenas impuestas han sido desproporcionales, con clara intención de emitir castigos ejemplares, alentando a que la figura se instrumentalice para violentar la libertad de expresión y el derecho a la crítica.
El uso malintencionado de la violencia política contra las mujeres genera otras formas de violencia, pues la deslegitima como herramienta de derecho y la convierte en un botín del que se puede sacar rédito político. Así se lanza, de paso, el mensaje de que estas herramientas tan necesarias son “injustas” y amenazan la libertad de expresión. Exacto: la misma estrategia que se repite en la ofensiva global contra la perspectiva de género.
*Por Concepción Sánchez Domínguez-Guillarte y Mariana Espeleta Olivera, académicas del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO