La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó a 44 cárteles, células delictivas y grupos calificados como terroristas que realizan homicidios, narcomenudeo, desaparición forzada, cobro de derecho de piso, trata de personas, violencia, tráfico de armas y múltiples asesinatos que mantienen operaciones en 15 alcaldías de la capital; de acuerdo con el Atlas Delictivo que fuentes de esa dependencia proporcionaron a Crónica.
Sin embargo, Policías de Investigación (PDI) señalan que la estrategia de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que implica sorprender in fraganti a integrantes de bandas criminales por ilícitos menores como la portación de pequeñas cantidades de droga, para que sean encarcelados y posteriormente investigar sus nexos con otros crímenes, entorpece las investigaciones de los Ministerios Públicos para relacionarlos con las grandes esferas de los grupos delictivos. Mientras la Fiscalía intenta que se les imputen los crímenes graves que han cometido, señalan que los elementos de la policía se adelantan a realizar su captura y acusarlo de portar algunos cigarrillos de marihuana, sin que se fortalezcan las indagatorias por secuestro, narcomenudeo y homicidio, lo que no es suficiente para que el Poder Judicial los juzgue por todo el historial delictivo y de esta manera, rápidamente quedan en libertad.
Acusan que la ideología de la policía capitalina basada en primero encarcelar a los criminales y luego investigarlos, implementada desde el 2018, fomenta la “puerta giratoria”, es decir, que un presunto criminal entre y salga de un reclusorio en múltiples ocasiones, pues bajo un patrón, señalan, la SSC prefiere exhibir cifras y altas estadísticas de detenciones, y dejar de lado la investigación. Una de las situaciones recurrentes, relatan, es la nula intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para trazar hipótesis y darle seguimiento a la manera en que los líderes de “La Unión Tepito”, el terrorista “Tren de Aragua”, “El Grupo Fortaleza” y las decenas de grupos delictivos que operan en la capital almacenan, generan y distribuyen grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias para comprar los narcóticos que venden.
“A todos los detenidos se les detiene con droga y nunca con evidencia, lo que genera debilidad en el caso. Uno de ellos es el del grupo “Los Diablitos”, menores de 15 a 17 años de edad que operan en la alcaldía Miguel Hidalgo; una vez que la detectamos, la SSC se nos adelantó, les puso droga y los detuvo siendo menores, entonces no se pudo construir el caso, porque por su edad, se tiene que realizar de otra manera, entonces todos ellos están libres y hacen la misma actividad”, dijo a Crónica un PDI de identidad reservada.
“El comodín en todas las detenciones es meterle droga y eso es un defecto porque no da tiempo de que las investigaciones avancen correctamente, usan ese comodín para tenerlos encarcelados más tiempo. Los mandos tampoco dejan que las investigaciones vayan más allá, porque no creen que en las casas de zonas residenciales se encuentren los líderes de los cárteles”.
Fuentes de dinero para comprar droga no se investigan
El presupuesto asignado a la Fiscalía capitalina para el ejercicio 2025 fue de ocho mil 855 millones 637 mil 708 pesos, monto que si bien, se amplió del año anterior al siguiente, los entrevistados no asimilan que sea utilizado para dar de baja a los grandes cárteles, si no a narcomenudistas menores que en poco tiempo saldrán de la cárcel y continuarán en sus actividades delictivas.
“Los procesos se atoran porque el juez únicamente los señala por la portación de droga y los dejan salir, entonces la Secretaría les pone más (narcóticos) y los califica como vendedores. Tampoco se resuelve el problema porque ¿Quién les dio esa droga?”, acusó el agente.
Además, dijeron, la negación de las autoridades para que los Ministerios Públicos trabajen con datos biométricos permite que los detenidos se cambien el nombre fácilmente y las identidades no tengan seguimiento.
Además, dijeron, la negación de las autoridades para que los Ministerios Públicos trabajen con datos biométricos permite que los detenidos se cambien el nombre fácilmente y las identidades no tengan seguimiento.
“Para eso contamos con fichas y conocemos que son reincidentes, por el informe que le llamamos modus vivendi y exponemos que la misma persona cuenta con varias identidades y ha estado detenida por la misma conducta y el juez decide que lleve su proceso privado de su libertad, pero nos volvemos a atorar porque le pusieron poca droga en el interior y pueden salir de la cárcel, entonces les meten más droga y ahora son vendedores”.
“En ninguna administración se ha combatido su fuente de ingreso. Nosotros detectamos bandas y los negocios que forman, así como sus alianzas, porque es la manera en la que lavan dinero y les mantienen su estancia dentro del reclusorio. “Los Jordan”, en Iztapalapa, pusieron muchísimas chelerías y cuando la alcaldía, con Clara Brugada, las cerró, migraron a loncherías, entonces nunca se les quitó el poder adquisitivo. La Policía de Investigación no tiene acceso a las cuentas bancarias, solamente podemos pedir sus estados de cuenta, pero no al seguimiento ni la trazabilidad si el dinero lo pasan de una a otra”, mencionó.
“Eso no funciona porque los vehículos y predios que aseguramos son reclamados por alguien, entonces su fuente de poder adquisitivo no se toca y no se hace la extinción de dominio, aunque los hayamos realizado hasta tres cateos en el mismo lugar. En un cateo podemos detener hasta siete integrantes de una familia en una casa que venden droga y son encarcelados, pero a su vez tienen otros puntos de venta de droga, van a reclamar esa casa y volverán a vender, entonces se vuelve un ciclo sin fin; a nosotros nos piden productividad y sabemos que en tres meses regresarán y volvemos a catear. Está fallando la estrategia y dejamos que se vuelvan a armar”.
“Se les debe de rastrear a los líderes por el manejo de dinero, no se indaga quién compró esas armas y la droga, la Fiscalía no llega a esa conclusión y el Poder Judicial dice que no es prudente acusarlos o girarles órdenes de aprehensión porque no es suficiente el vínculo; es el problema porque no trabajamos con la UIC y es imposible detectar el manejo de sus cuentas bancarias”.
De acuerdo con los PDI entrevistados, el pobre diseño de la investigación y el ánimo de la policía capitalina por realizar detenciones masivas, deja que libren la cárcel líderes que la SSC detiene diariamente y que en su historial acumulan varios ingresos al sistema penitenciario, en ocasiones, hasta cinco. Es el caso de Hugo “N”, alias “El Huguito”, quien desde los 16 años, tuvo su primer arresto por robo a transeúnte y poco tiempo después, nuevamente fue aprehendido; sin embargo, las autoridades nunca pudieron encarcelarlo, lo que le permitió escalar rápidamente en la organización que nació en el barrio de Tepito.
También, Sergio Ivan “N”, alias “El Monstruo de la Unión”, relacionado a delitos como cobro de derecho de piso, extorsión, venta y distribución de droga y desaparición, no existieron los elementos suficientes para mantenerlo preso.
Continuará...