El Ajusco en la alcaldía Tlalpan pasó de ser un lugar de depósito de cuerpos a un sitio donde las víctimas sufren delitos, los deportistas son desaparecidos y se pierde el rastro de todo aquel que ingrese a las zonas boscosas, lluviosas y que las autoridades han entregado al crimen organizado.
Aunque desde días previos, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México prometieron que se realizaría una búsqueda en distintos puntos de este parque nacional, brigada en la que de manera inédita se reunirían más de 400 personas en 215 mil metros cuadrados, autoridades de seguridad y justicia, la realidad fue distinta, no se reunió el equipo prometido, según las familias, su trabajo fue débil y se reportaron torpezas anteriormente denunciadas, como mano de obra, poca inversión económica y equipo insuficiente.
A nueve meses de que Crónica documentó la exploración para localizar los restos de la joven Jael Monserrat Uribe Palmeros, la carretera Picacho - Ajusco se transformó en una emulación de un Ministerio Público, ya que en cada árbol, paraje, puente peatonal y poste hacia ese “sitio del terror” tiene pegado un fotoboletín con el rostro de alguna persona desaparecida.
El ambiente es inquietante, los letreros que anuncian actividades como senderismo, paseos a caballos y paseos en moto quedaron cubiertos por los rostros de los que no se sabe su paradero y que por datos que faciliten su localización se ofrece hasta medio millón de pesos.
Del tiempo en que este periódico realizó la primera cobertura a la fecha, han desaparecido 105 personas, cuando en el mismo periodo del 2024, se reportaron sólo 49 carpetas de investigación por ciudadanos que no se supo de su paradero en el Ajusco. Y al mismo tiempo, la alcaldía Tlalpan se colocó en el cuarto lugar de demarcaciones con más desapariciones, después de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Ante el alarmante hecho, los colectivos no han dejado de sumar fotografías, que cada día añaden nuevos integrantes, madres que, desorientadas, no saben qué hacer ante procesos burocráticos que impiden las búsquedas y traban las carpetas de investigación mientras la víctima posiblemente sufre más delitos.
Esto con la esperanza de que la nueva Comisión de Búsqueda extinguiera negligencias de la anterior administración y que “una luz en el camino” obligara a las autoridades a ensuciarse las manos en la tierra y sacar hasta el último diente de los familiares de la profundidad del lodo.
Algunas de las madres tienen indicios de crímenes que sufrieron sus hijos e hijas, a manos de delincuentes de bandas criminales como La Unión Tepito, y aunque los buscan con presunción de vida, están en vilo con cuestionamientos como ¿Qué estará haciendo? ¿Comerá? ¿Lo cuidarán? Sin que alguien les confirme de algún fallecimiento y el dos de noviembre poder recordarlos en la ofrenda.
La mayor organización estuvo a manos de las familias buscadoras, desde la ceremonia religiosa que celebraron para llamar el éxito en la exploración, hasta el sistema de cuidados elaborado en esa zona roja para que las actividades se desarrollaran en un ambiente seguro.
Para las víctimas indirectas que rascan la tierra sin control, el Ajusco huele a muerte. La protección y vigilancia en la zona no ha mejorado, las luminarias son nulas, las cámaras del C5, el patrullaje es casi inexistente y la única caseta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) está abandonada, con vidrios rotos y es utilizada para guardar troncos.
Hasta las 10:30 se reunieron las autoridades en el Valle de la Cantimplora, en la carretera Xalatlaco - Ajusco. De los 400 funcionarios prometidos, llegaron alrededor de la mitad, de los cuales, cinco eran de Policía de Investigación, los demás algunos elementos de la SSC y la mayoría personas de la Secretaría del Medio Ambiente.
Las familias, como siempre, llenaron el lugar, dirigían las brigadas, aportaron los recursos económicos para los alimentos, los repartieron y se preocupaban por los cuidados de los solidarios.
A lo que anteriormente las familias se quejaban de que los funcionarios no participaban en las búsquedas, las autoridades intentaron integrarse a la participación, sin embargo, policías únicamente tomaron el machete durante unos momentos y rascaron poco la tierra, el resto del tiempo sólo conversaban.
La presencia de la Guardia Nacional sólo duró las primeras horas de la jornada.
Por el contrario, Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino”, subida en una motocicleta repartía la comida a través de las empinadas veredas.
“Falta muchísimo esfuerzo de las instituciones, es muy triste porque esto no es más que una réplica de lo que desde hace muchos años se ha hecho con esfuerzo de las familias. La coordinación institucional sigue siendo precaria y lo más lamentable es la falta de recursos humanos y materiales, hoy nos quedamos sin alimentos, ni hidratación, fue proporcionada por nosotras”.
“No es nada de lo que se había anunciado hace unos días, como una super búsqueda masiva, no es ni tantito. El proyecto que tenían desde el Gabinete de Búsqueda siempre ha sido muy ambicioso y no hemos abarcando ni una parte de lo que nos presentaron. Las familias siempre tenemos que sacar la casta y nos deja un muy mal sabor de boca”.
“Siempre se les ha puesto sobre la mesa que caminen de la mano de las familias, las búsquedas en campo vienen desde hace décadas. Es difícil que en campo caminen sin la expertiz que tiene una familia de larga data, el exhorto es que no se les olvide que las compañeras son las que tienen la experiencia. Conforme van pasando los años, pasamos administraciones y lo lamentable es que esto es repetitivo, todavía no tenemos garantías de no repetición”, declaró a Crónica Jaqueline Palmeros.
Por el contrario, el comisionado de Búsqueda, Luis Gómez, mencionó que el Ajusco no es el principal sitio de concentración de casos de desaparición, sin que respondiera si junto a otras autoridades, tienen indicios de que algún grupo delictivo opere en la zona.
“Vamos a anunciar una serie de medidas para evitar situaciones en la zona alta del Pico del Águila, para tener un esquema de supervisión en la montaña, donde cualquier persona accede libre por múltiples puntos y tener claro que las personas que suben, en qué momento bajan”.
“Necesitamos equilibrar el desarrollo cero y respeto a los bienes comunales, pero con mayor organización y control de las personas que suben a la zona alta del Pico del Águila”.
Concentradas, las madres buscadoras removían el suelo y los pesados troncos, siempre con las fotografías de sus hijos en su pecho. Ellas no platican de sus aficiones, maternidad, tampoco de viajes o empleos, sus conversaciones sólo tienen que ver con carpetas de investigación mal integradas, malos tratos en los Ministerios Públicos, corrupción en las Fiscalías y que probablemente no les alcance la vida para hallar a sus hijos.
Algunas son expertas en dictámenes periciales, recabación de datos de prueba y procesos penales en los tribunales, se aconsejan para evitar indagatorias trabadas hablan en términos jurídicos y sofisticados “pide la sábana de llamadas por el dato ICEM; solicita comparecencia”, se escucha en sus pláticas”.
También saben de la ubicación de los grupos delictivos que asechan la capital y otras zonas México, conocen sus alias, parentesco con otros criminales, rupturas, alianzas y qué sujetos se llevaron a sus hijos, dado que las investigaciones que durante años recabaron superaron a las que existen en las carpetas de investigación, aunque para las autoridades eso no tiene validez, pues no es de su competencia.
Entre lágrimas y bordado de telas, entre descansos comparten sus tristezas y vivencias. Los lugares que concurren son la Fiscalía, el juzgado o el Instituto de Ciencias Forenses. Para ellas la navidad y los cumpleaños no existen, sus vidas están en pausa, como las de sus hijos. Igualmente conversan acerca a cuántos años de cárcel fueron sentenciados los agresores de sus hijos, aunque eso no es satisfacción para ellas, ya que décadas en prisión no regresará la presencia de sus seres queridos.
Para aliviar su dolor se aconsejan en adquirir plantas y nombrarlas como sus hijos, a veces ríen porque “sólo nosotras nos entendemos”, dicen. Cuando rompen en llanto, se abrazan, repudian la insolencia de Ministerios Públicos que las agreden cuando les niegan el acceso a las carpetas, se las rompen o las insultan por exigir sus derechos e intimidarlas por denunciar violaciones a sus Derechos Humanos.
Una vez que finalizó la jornada, Luis Gómez detalló la ausencia de hallazgos positivos y resaltó la ejecución de la primera búsqueda por patrones, a lo que Jaqueline Palmeros destacó que ese hecho no es algo nuevo para ellos.
“El Gobierno las quiere adoptar como búsquedas generalizadas y está muy bien, eso se debió de haber hecho desde el principio, todos buscando a todos. Ahora dejamos que ellos la hicieran (autoridades) y salimos a buscar tarde y nos quedamos sin hidratantes. Las instituciones nos cerraban las puertas, no creían en las búsquedas que hoy llaman por patrones, las familias sí creyeron, sí encontraron y sí buscaron”.
La violencia institucional no discrimina en casos nuevos o de larga data; una de las desapariciones más recientes es la de Ana Amelie García Gamez, quien el 12 de julio escaló al Pico del Águila y no regresó. Su madre, Vanessa, narró a Crónica que luego de 100 días, la Fiscalía no tiene una línea de investigación que responda ¿Dónde está?.
“Después de 100 días no tenemos un avance claro, no hay resultados, no sabemos si hay investigación o solamente están llenando una carpeta, de papel, eso nos preocupa mucho. Desde un principio sentí en mi corazón que alguien se la había llevado, de ahí a que hayan investigado o que haya una línea de investigación clara, la verdad es que no”.