La diputada local del PAN, Olivia Garza, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para tipificar el doxing como delito y así poner un límite a la exhibición de datos sensibles y linchamiento mediático de personas.
La legisladora señaló que recientemente en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha cometido esta práctica, lo que ha orillado a que las víctimas dejen el país.
El termino doxing se refiere a la práctica de revelar intencional y públicamente información privada sobre un individuo u organización (sin su consentimiento) generalmente a través de internet, con el objetivo de dañar la reputación, acosar, intimidar, e incluso podría alentar la violencia física contra la persona expuesta.
“Esta iniciativa nace ante las prácticas realizadas desde presidencia, particularmente en las conferencias mañaneras, donde suelen linchar a quien piensa diferente al Gobierno; un Gobierno no puede no puede linchar desde el poder y con toda la maquinaria de comunicación de un Estado”, comentó a este diario.
Garza reiteró que en los últimos años se ha normalizado el uso de plataformas oficiales y discursos institucionales para estigmatizar a quienes opinan distinto o expresan críticas legítimas, lo que calificó como un abuso de poder.
“Cuando desde el gobierno se usa información personal, plataformas masivas o narrativas oficiales para desacreditar, exponer o perseguir a una persona, no estamos ante un debate democrático: estamos ante un abuso de poder”, afirmó la panista.
La iniciativa propone sancionar hasta con dos años de prisión a quien exponga de manera indebida datos personales, impulse campañas de hostigamiento digital o linchamientos mediáticos en contra de periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanía en general.
Abundó que en caso de que esta práctica sea cometida por un servidor público, la sanción se duplicaría, “nadie puede usar el aparato del Estado para linchar, exponer o silenciar. En la Ciudad de México debemos defender la libertad y poner un alto a cualquier forma de intimidación desde el poder público”, enfatizó.
La propuesta también impulsa la creación de protocolos de actuación, medidas de protección a víctimas y criterios claros para responsabilizar a servidores públicos que participen en prácticas de hostigamiento digital.