Las alcaldías Álvaro Obregón e Iztapalapa no han descendido el número de carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio doloso, incluso la cifra de crímenes de este tipo cometidos de enero a octubre del 2025 son equivalentes a todos los que se reportaron en la totalidad del año pasado, aún cuando sus alcaldes presumen de inversiones históricas en estrategias de seguridad que crecen paulatinamente.
En Álvaro Obregón se denunciaron 60 homicidios dolosos en 2023, después bajó a 56 en el año siguiente y en los primeros 10 meses del 2025 ya se habían cometido 53, es decir, el 94 por ciento de estos ilícitos perpetrados en todo un año.
Del primer año al último, aún con cambio de partido en el Gobierno, en esa demarcación no reportó cambios notables en la incidencia delictiva de asesinatos registrados en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De 60 homicidios dolosos reportados en 2023, en 2024 la cifra descendió a 56, sólo siete por ciento abajo. Para octubre del 2025, el número de este tipo de crímenes estaba sólo tres abajo que los reportados en todo el año anterior.
En Iztapalapa el escenario es peor, ya que en lugar de disminuir la incidencia de homicidios, estos subieron 13 por ciento de 2023 a 2023, cuando se perpetraron 176 y 199 respectivamente. De enero a octubre del 2025, se cometieron 153 asesinatos dolosos, el 77 por ciento de los ejecutados en 2024.
Más inversión en seguridad no redujo homicidios
De las promesas de Gobierno y logros en informes anuales destaca que en estas dos alcaldías se realiza la mayor inversión en seguridad de todas las demarcaciones, con más vehículos y elementos, bajo programas que han cambiado de nombre y cara, desde “Blindar” hasta “Construyendo Comunidad”, dinero que incluso se ha duplicado en cuestión de un año.
Con todo, este crimen de alto impacto no ha mostrado bajas importantes, a diferencia de la reducción del nueve por ciento de homicidios de enero a octubre del 2025 de manera pareja en la capital, en las alcaldías la cifra es distinta, ya que no desciende de manera pareja.
De no más de 194 millones de pesos invertidos en seguridad en Álvaro Obregón en el año 2020, el presupuesto creció a casi 430 millones de pesos en cada uno de los períodos siguientes hasta 2024. Luego, en 2025 el destino de dinero a ese rubro cayó a 357 millones 462 mil 664 pesos, 17 por ciento de recorte, de 116 a 125 patrullas para la Policía Auxiliar.
Esas modificaciones de montos para la prevención del delito no representaron golpes a la delincuencia que priva de la vida a los ciudadanos. Otras demarcaciones que tienen hasta 80 por ciento menos de gasto en seguridad que Álvaro Obregón y que históricamente albergaban ambientes más conflictivos, registran menos incidencia de este delito o números equivalentes a los cometidos en el territorio obregonense.
- Cuauhtémoc: 247 millones 831 mil pesos en 2025 (31 por ciento menos que ÁO) y se cometieron 61 homicidios de enero a octubre del 2025.
- Tláhuac: 73 millones 23 mil pesos (80 por ciento más abajo que los obregonenses) y registran 35 asesinatos dolosos en ese periodo.
- Venustiano Carranza: 51 por ciento menos de presupuesto a seguridad con 175 millones 506 mil pesos y 57 homicidios perpetrados.
El presupuesto gastado en Iztapalapa para servicios de vigilancia es similar al de Álvaro Obregón, con 320 millones de pesos reportados en su informe de tercer trimestre del 2025, sin embargo, para 117 kilómetros cuadrados únicamente se cuenta con 20 patrullas arrendadas. En la percepción de inseguridad ese presupuesto, superior a Cuauhtémoc, Tláhuac y Venustiano Carranza en 29, 338 y 81 por ciento más respectivamente, no se ve en lo que declaran los habitantes de Iztapalapa, territorio que está en el número uno de vecinos que no creen que vivir ahí es seguro, con 74.8 por ciento.
En Álvaro Obregón, con un presupuesto similar para seguridad, el 60 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro de habitar la alcaldía.
Células delictivas operadoras
Iztapalapa concentra a “Los Molina”, “Los Jordan”, “Los Silverios”, “El Cártel de Tláhuac”, “Los Tanzanios”, “La Familia Michoacana”, “El Gordo Caldos” — brazo del Cártel de Tláhuac — “Los Richis”, “Los Chivos”, “Los Rioja”, “Los Rodolfos”, “El Cártel Nuevo Imperio”, “Lezama”, “Los Fortis”, “Los Arañas” y “Los Cano”, conforme a la Fiscalía, como operadores de crímenes dentro y en alcaldías aledañas.
Y en Álvaro Obregón se asienta “El Grupo Fortaleza” — exportado de Gustavo A. Madero — “Los Oaxacos”, “Artillería”, “Los Horacios” y “Los Yepez”.
Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina señalan que la ideología de la policía basada en primero encarcelar a los criminales que dominan el crimen en estas alcaldías y luego investigarlos, implementada desde el 2018, fomenta la el rápido crecimiento de estos grupos, pues bajo un patrón, señalan, la Secretaría de Seguridad Ciudadana prefiere exhibir cifras y altas estadísticas de detenciones, y dejar de lado la investigación.
Una de las situaciones recurrentes, relatan, es la nula intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para trazar hipótesis y darle seguimiento a la manera en que los líderes de las decenas de grupos delictivos que operan en la capital almacenan, generan y distribuyen grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias para comprar los narcóticos que venden.
“En ninguna administración se ha combatido su fuente de ingreso. Nosotros detectamos bandas y los negocios que forman, así como sus alianzas, porque es la manera en la que lavan dinero y les mantienen su estancia dentro del reclusorio. “Los Jordan”, en Iztapalapa, pusieron muchísimas chelerías y cuando la alcaldía, con Clara Brugada, las cerró, migraron a loncherías, entonces nunca se les quitó el poder adquisitivo. La Policía de Investigación no tiene acceso a las cuentas bancarias, solamente podemos pedir sus estados de cuenta, pero no al seguimiento ni la trazabilidad si el dinero lo pasan de una a otra”, mencionó.
“Eso no funciona porque los vehículos y predios que aseguramos son reclamados por alguien, entonces su fuente de poder adquisitivo no se toca y no se hace la extinción de dominio, aunque los hayamos realizado hasta tres cateos en el mismo lugar. En un cateo podemos detener hasta siete integrantes de una familia en una casa que venden droga y son encarcelados, pero a su vez tienen otros puntos de venta de droga, van a reclamar esa casa y volverán a vender, entonces se vuelve un ciclo sin fin; a nosotros nos piden productividad y sabemos que en tres meses regresarán y volvemos a catear. Está fallando la estrategia y dejamos que se vuelvan a armar”.
“Se les debe de rastrear a los líderes por el manejo de dinero, no se indaga quién compró esas armas y la droga, la Fiscalía no llega a esa conclusión y el Poder Judicial dice que no es prudente acusarlos o girarles órdenes de aprehensión porque no es suficiente el vínculo; es el problema porque no trabajamos con la UIC y es imposible detectar el manejo de sus cuentas bancarias”.