Vecinos de las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán manifiestan su rechazo a las obras de infraestructura urbana en las inmediaciones del Estadio Azteca que han puesto en marcha las autoridades locales desde hace ya varios meses, por considerar que transformaría radicalmente la vida en la zona, impactando su entorno social, ambiental y comunitario.
Desde hace ya varios meses, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha diversas un plan de magadesarrllo en las inmediaciones del Estadio Azteca —rebautizado comercialmente como Estadio Banorte— para preparar la ciudad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirá al mítico estadio entre los sedes de partidos importantes.
Bajo los programas de modernización urbana se anunciaron rehabilitaciones de espacios públicos, mejoras en movilidad, ciclovías y renovación de nodos de transporte, como la intervención del CENTRAM Huipulco o la rehabilitación de puentes y banquetas en Calzada de Tlalpan. Autoridades aseguran que estas obras “servirán a la ciudad y a la población, no solo al Mundial” e incluyen dotaciones de luminaria, pavimentación y movilidad accesible.
No obstante, una parte del plan no se reduce a infraestructura pública: también se incluyen desarrollos privados o mixtos que han sido motivo de disputas desde su propuesta. Proyectos como el denominado Conjunto Estadio Azteca, que en su versión original contemplaba la construcción de un centro comercial, un hotel, estacionamientos y espacios modernos, generaron oposición desde su primer planteamiento.
Aunque a mediados de la década pasada algunas versiones de ese megaproyecto fueron canceladas por falta de autorizaciones, la disputa en torno al desarrollo urbano no ha cesado.
Agua, gentrificación y despojo
El núcleo de las protestas actuales reside en las afectaciones que los vecinos perciben como consecuencia directa de las obras o de la llegada masiva de inversiones inmobiliarias justificadas por el Mundial. Las quejas más frecuentes tienen que ver con la escasez de agua en la zona de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán.
Para las familias que habitan en la zona, existe un contraste notable, y aún así ignorado. Mientras el estadio y sus operaciones cuentan con suministro constante, los hogares padecen cortes prolongados, baja presión y dependencia de pipas. Ana Luz Vazquez, vecina de Santa Úrsula desde hace más de tres décadas, explica a este peridódico que el problema no es nuevo, pero sí más visible.
“Antes nos faltaba el agua algunos días; ahora hay semanas completas sin que salga una gota. Y al mismo tiempo vemos cómo el estadio nunca se queda sin servicio”, señala.Ana vive con su esposo y dos hijos en una casa heredada de sus padres. Cuenta que durante los últimos meses han tenido que destinar parte de su ingreso a comprar agua, lo que ha afectado su economía doméstica.
“Nos dicen que es por mantenimiento, por obras, pero nunca nos explican por qué el agua sí alcanza para los negocios y no para las casas”, añade. Como ella, otros vecinos han exigido que el pozo concesionado sea expropiado o que, al menos, se garantice el abasto prioritario para la comunidad.
Otros habitantes denuncian que la concesión de un pozo de agua a Televisa —propietaria del estadio y que recibe derechos de extracción de cientos de miles de metros cúbicos de agua al año— ha reducido el abasto para las familias que viven alrededor.
Los vecinos afirman que esta situación ha empeorado desde el inicio de las obras y que este recurso, que debería favorecer la vida cotidiana de la comunidad, está siendo explotado en beneficio de intereses comerciales, más que del bienestar colectivo. Bajo consignas como “el agua es vida y la vida se defiende”, se han exigido acciones como la expropiación del pozo concesionado o la garantía del suministro para los residentes locales.
En este contexto, los residentes apuntan a un proceso de gentrificación temprano, donde la expectativa de un incremento de visitantes y turismo asociado al Mundial ha impulsado la especulación inmobiliaria, lo que se traduce en aumento del impuesto predial, alza en los precios de bienes y servicios, presiones para remodelaciones residenciales y un peligro latente de desplazamiento de pobladores tradicionales.
Formas de resistencia
Recientemente, el 21 de diciembrela Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones en Tlalpan y Coyoacán realizó una “posada antimundial” bajo el puente vial del Estadio Azteca, en la cual participaron residentes denunciando el acaparamiento de agua y la percepción de despojo.
Los habitantes reunidos son uno de los grupos organizadores de la resistencia, articulando las demandas de diferentes comunidades aledañas y denunciando la falta de consulta ciudadana en los procesos de planeación urbana.
Asimismo, se han registrado bloqueos en Calzada de Tlalpan por parte de vecinos de la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, molestos por la construcción de una ciclovía vinculada a la preparación del Mundial, que según denuncian ha colapsado la circulación y “ahorcado” su colonia.
Para Roberto Hernández, habitante de esta colonia desde hace 20 años, la obra se realizó sin considerar el impacto local.
“No estamos en contra de la movilidad sustentable, pero aquí no nos preguntaron nada. De un día para otro cerraron carriles, llegaron las máquinas y ahora tardamos el doble en entrar o salir de la colonia”, explica. Roberto trabaja como repartidor y asegura que el congestionamiento constante ha afectado su jornada laboral y sus ingresos.
Falta de consulta y respuesta gubernamental
Los vecinos también denuncian la ausencia de procesos de consulta verdaderamente informados que integren sus preocupaciones en la toma de decisiones. Pese a que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal contempla mecanismos de consulta para proyectos que impactan territorios urbanos, muchos de los movimientos locales señalan que no se ha cumplido con la debida divulgación y participación comunitaria, y que las autoridades han priorizado la narrativa de progreso sin detallar estudios de impacto social, urbano o ambiental.
Las autoridades, por su parte, han defendido la ejecución de las obras argumentando que buscan modernizar la infraestructura local, mejorar la movilidad y los espacios públicos, y que los beneficios perdurarán más allá del Mundial. Distintas declaraciones oficiales han remarcado que estas mejoras están pensadas también en función de las necesidades diarias de los habitantes y no exclusivamente del evento deportivo global.
Sin embargo, para muchos vecinos esta visión oficial no implica soluciones tangibles a sus demandas inmediatas, ni en garantías claras de que no serán desplazados ni verán menguada su calidad de vida a causa de la transformación urbana. La percepción de un desequilibrio entre los beneficios proyectados y los costos sociales reales, denuncian, continúa alimentando la desconfianza comunitaria.
Residentes de Tlalpan y Coyoacán afirman que no están en contra del deporte ni de la celebración mundialista per se, sino de un modelo de desarrollo que, a su juicio, prioriza inversiones privadas, promociones inmobiliarias y eventos globales por encima del bienestar de las comunidades que han vivido durante décadas en estas tierras.
Para los activistas que han participado en las movilizaciones en contra del megaproyecto, el desafío es lograr que la planeación urbana sea verdaderamente participativa, transparente y sostenible —en términos ambientales, sociales y culturales— para que el legado del Mundial 2026 no profundice desigualdades existentes, más bien que fomente equidad y desarrollo para toda la ciudadanía.