Durante 2025, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, recibió 3 mil 987 denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según el organismo, todos los casos fueron canalizados a la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde equipos integrados por trabajadores sociales, psicólogos y abogados realizaron la atención con perspectiva de infancia.
Estas células multidisciplinarias tienen la tarea de evaluar las condiciones de riesgo en que se encuentran los menores y, a partir de ello, intervenir con acciones emergentes de protección y canalización a servicios de apoyo.
El proceso inicia con el análisis del reporte para definir el plan de acción y posteriormente el personal se traslada al domicilio señalado para aplicar un tamizaje que permite conocer el entorno social y la dinámica familiar.
El mecanismo de evaluación clasifica los resultados en cuatro niveles identificados por colores.
El verde indica que no existe una vulneración; el amarillo refiere una situación que requiere seguimiento; el rojo advierte un riesgo alto, y el dorado representa una afectación grave a la vida, salud o integridad del menor, escenario en el que la Procuraduría está obligada a actuar de inmediato para resguardarlo en un lugar seguro.
Cuando el nivel de riesgo lo amerita, el equipo traslada a los menores a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde el Ministerio Público determina si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación por un posible delito.
De forma paralela, la Procuraduría busca redes de apoyo que puedan hacerse cargo del cuidado de los niños y adolescentes, con el propósito de que permanezcan en un ambiente familiar. Si no se localizan personas idóneas, el Ministerio Público otorga al DIF la custodia temporal y los menores son canalizados a un Centro de Asistencia Social, donde se cubren sus necesidades básicas y se da seguimiento a su desarrollo.
El organismo capitalino subrayó que la institucionalización es una medida de protección y no un castigo, y que su objetivo es evitar nuevas vulneraciones a los derechos de la infancia mientras se resuelve su situación jurídica y familiar.
El DIF hizo un llamado a la población para denunciar de manera confidencial cualquier caso de maltrato infantil.