La familia de Miguel Ángel Hernández Rojas, fotoperiodista fallecido en el festival AXE Ceremonia, acusó a la jueza María del Carmen Cisneros por retrasar la celebración del audiencia inicial por el caso, esto debido a un juicio de amparo promovido por la familia de la también finada Berenice Giles, bajo el argumento de que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y el corporativo de seguridad LOBO también deben de ser señaladas como presuntas responsables de la caída de las grúas que le quitaron la vida a los jóvenes.
En el 2025, cuando se celebraría la audiencia inicial por el accidente, la representación legal de la familia Giles fomentó un amparo para que se detuviera todo el proceso judicial y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y reiniciara la investigación para revisar si OCESA y LOBO podrían estar involucradas en la colocación de las estructuras colocadas de manera ilegal que colapsaron sobre los fotógrafos y cambiar su situación jurídica de testigos a imputados.
Desde ese momento, los abogados de Miguel refutaron que esas compañías no tuvieron competencia en las aparentes negligencias.
Hasta antes del amparo 853/2025 promovido, la Fiscalía contaba con datos de prueba para señalar a tres empresas y ocho personas físicas, entre las que se encuentran la organizadora del evento, la empresa concesionaria del Parque Bicentenario y la encargada de colocar las grúas que no se encontraban descritas en el Programa de Protección Civil.
Al exterior de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la colonia San Ángel, los familiares de Miguel Ángel reprocharon que el 15 de octubre del 2025, María del Carmen Cisneros ordenó que no se llevara a cabo la audiencia, aún cuando días antes determinó que su suspensión era jurídicamente inadmisible, al considerar que ello obstaculizaba el proceso penal, afectaba el interés social e impedía la función constitucional del Ministerio Público.
Sin embargo, después concedió la suspensión definitiva.
“¿A quién protege la representación legal de la familia Giles Rivera cuando insiste en detener todo el proceso? El juicio de amparo tiene reglas claras, no es un detalle menor, genera desconfianza, indefensión y percepción de que la Ley no se está aplicando de manera igual ¿Por qué una jueza cuya función es proteger Derechos Humanos termina favoreciendo intereses empresariales? qué se protege a organizadores y a empresas pero no a las víctimas?“, manifestaron los inconformes.
Señalaron que la juez María del Carmen Sánchez Cisneros ha tenido resoluciones que se caracterizan por alargar procesos y favorecer a los presuntos responsables en casos de alto perfil, como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PDI) a quien se le acusa formalmente de encabezar una red de prostitución que operaba dentro de las oficinas de su partido; también, el caso de Sofía Von Roehrich, hermana del panista Christian Von Roehrich, señalada de asociación delictuosa y lavado de dinero, en la red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.
También, reprocharon, esta jueza habría protegido al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, presunto responsable de encubir el feminicidio de Ariadna Fernanda en 2022.
“Casos con intereses políticos y económico relevantes, lamentablemente el caso de Miguel parece seguir ese mismo patrón. Hacemos un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para que analice el actuar de la jueza y anunciamos la presentación de una queja por las irregularidades”, agregaron.
Con todo, la familia de Miguel recordó que la FGJCDMX puede ampliar imputaciones conforme avancen las indagatorias, sin que ello impida que el proceso avance respecto de quienes ya están en condiciones de ser imputados.
Al tomar la palabra, Graciela, la madre de Miguel Ángel, narró que el proceso penal tomaba un curso normal hasta la promoción del amparo, lo que, narró, le duele y los lastima, porque sienten que la justicia se aleja.
“Era un muchacho con muchos sueños, quería terminar su carrera, quería viajar, vivir y todo eso se lo quitaron en un instante por decisiones negligentes”.
“A la jueza quiero pedirle con respeto que vea bien lo que se le presenta en este caso, que escuche la verdad y que tome en cuenta todo lo que se ha trabajado legalmente. Le pedimos que resuelva pronto este amparo que tiene detenido el camino hacia la justicia”, suplicó Graciela.
En el acceso a los juzgados, los manifestantes colocaron un contador que exhibe los 98 días de retraso del inicio de la celebración de la audiencia inicial. Los familiares del joven fallecido hicieron un agujero en suelo para pegar con cemento el letrero, que junto a una fotografía de Miguel dice:
“Aquí se detuvo la justicia, este contador marca los días impunidad. Cada día que avanza representa un día más que se protege a las empresas responsables, un día más en que la justicia no llega. Esta decisión de la jueza federal impide que se formulen cargos de homicidio contra las empresas responsables de su muerte en el festival AXE Ceremonia”.